Una denuncia televisiva sostiene que 32 maletas ingresaron con 100 millones de dólares; el Presidente admite información previa. Fiscalía, Aduana y justicia enfrentan presión para esclarecer controles omitidos y responsabilidades.
La investigación pública sobre las 32 maletas que ingresaron al país por el aeropuerto internacional de Viru Viru cambió de eje tras una denuncia difundida por el programa Que No Me Pierda, de la red televisiva Red Uno. El espacio aseguró que, según una fuente a la que atribuye acceso directo a datos del caso, el cargamento principal no era droga, sino 100 millones de dólares en efectivo.
La afirmación no proviene de un informe oficial ni de un documento judicial exhibido públicamente, pero su difusión generó una reacción inmediata en distintos niveles del Estado. Hasta ahora, el proceso penal estaba centrado en el hallazgo posterior de 79 kilos de marihuana en un galpón privado al que fueron trasladadas las valijas, hecho que dio lugar a imputaciones por tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa.
El nuevo elemento, aún en calidad de denuncia mediática, modifica el contexto en el que se analizan las responsabilidades. El posible ingreso de divisas en una magnitud de nueve cifras obligaría a revisar no solo la cadena de custodia del equipaje, sino también los mecanismos de control financiero y aduanero, además de eventuales vínculos con delitos económicos.
En medio de esta controversia, el presidente Rodrigo Paz confirmó en una entrevista con Radio Panamericana que el Gobierno tenía información previa sobre el denominado “caso Maletas”. Señaló que esos datos fueron procesados de manera reservada como parte de una estrategia para identificar una estructura mayor antes de hacer pública la investigación. La autoridad sostuvo que la ruta elegida buscaba evitar filtraciones que pudieran facilitar la fuga de implicados.
La admisión presidencial abrió un debate inmediato. Diversos sectores cuestionan por qué, si existían antecedentes, no se reforzaron los controles en el momento del arribo del vuelo privado que transportó las maletas. Desde el Ejecutivo se argumenta que la intervención directa en esa etapa podía comprometer una investigación más amplia. Esa explicación convive con reclamos de mayor transparencia y con la exigencia de que la justicia actúe sin interferencias.
Los registros oficiales confirman que el ingreso ocurrió el 29 de noviembre, cuando la exdiputada Laura Rojas arribó en un vuelo chárter procedente del exterior. Según la Cancillería, utilizó un pasaporte diplomático que había sido anulado semanas antes. Funcionarios de Migración y Aduana declararon ante el Ministerio Público para explicar por qué las valijas no pasaron por escáner ni por revisión manual, como establecen los protocolos vigentes para viajeros.
La Aduana Nacional inició procesos administrativos internos y presentó denuncias contra servidores públicos por presunto incumplimiento de deberes. La institución recalcó que la normativa no contempla privilegios automáticos de revisión por la sola presentación de un pasaporte diplomático, salvo en casos específicos de altas autoridades en funciones. En paralelo, se solicitó información a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a líneas aéreas y a Migración para reconstruir movimientos previos de los involucrados.