Un sondeo nacional de Coolosa Comunicaciones, aplicado a 6.040 ciudadanos en ciudades de Bolivia, evidencia una crisis de credibilidad, alta desaprobación y percepciones económicas negativas.

La desconfianza ciudadana se consolida como el principal rasgo en la evaluación del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira a cuatro meses de gestión. Un sondeo nacional de opinión pública establece que el 81% de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas del país, posicionando este indicador como el eje central de la percepción ciudadana actual.

El estudio, realizado por Coolosa Comunicaciones, se aplicó a 6.040 personas entre el 2 y el 30 de marzo de 2026 en las principales ciudades del país. La cobertura incluye los principales ejes urbanos, lo que permite una lectura amplia y representativa del estado de opinión en contextos donde se concentra la mayor actividad económica y social.

Junto con el nivel de desconfianza, el sondeo registra una desaprobación mayoritaria de la gestión presidencial. El 62% de los encuestados evalúa negativamente el desempeño del Gobierno, mientras que un 27% manifiesta niveles de aprobación en distintos grados. Un 11% no define su postura. La diferencia entre aprobación y desaprobación evidencia una brecha significativa en la valoración del Ejecutivo.

En la percepción sobre el rumbo del país, el 68% de los participantes considera que Bolivia avanza en una dirección incorrecta, frente a un 31% que estima que el camino es el adecuado. Este indicador introduce una dimensión estructural en la evaluación ciudadana, al reflejar una opinión extendida sobre la orientación general de las políticas públicas.

El componente económico refuerza esta tendencia. El 54% de los encuestados señala que su situación económica ha empeorado en comparación con el año anterior. En contraste, un 20% afirma que ha mejorado, mientras que un 26% indica que no ha experimentado cambios. La diferencia entre quienes perciben retrocesos y quienes reportan mejoras muestra una inclinación predominante hacia una evaluación negativa de la economía doméstica.

La consistencia entre estos indicadores —desconfianza, desaprobación, percepción de rumbo y evaluación económica— permite observar un patrón uniforme en la opinión pública. La desconfianza del 81% se ubica en el nivel más alto entre las variables analizadas, lo que refuerza su carácter determinante en la lectura del estudio.

En términos metodológicos, la encuesta se desarrolló en áreas urbanas, abarcando ciudades como El Alto, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, Trinidad, Tarija y Cobija. Esta distribución territorial permite recoger percepciones en los principales centros poblacionales del país.

La composición de la muestra presenta una participación significativa de ciudadanos con formación académica media y superior. El 47% de los encuestados cuenta con educación universitaria, el 30% con formación técnica, el 11% con nivel secundario, el 9% con educación primaria y un 3% con estudios de posgrado. Este perfil contribuye a contextualizar el nivel de análisis y percepción expresado en las respuestas.

En el ámbito laboral, el 41% de los participantes se identifica como trabajador independiente, el 29% como desempleado, el 21% como empleado formal y el 9% en otras categorías. Esta estructura refleja la presencia de sectores con alta exposición a la variabilidad económica, lo que puede influir en la evaluación sobre la situación del país.

La distribución por edad muestra que el grupo más representativo corresponde a personas entre 25 y 34 años, seguido por los rangos de 35 a 44 años y de 18 a 24 años. En menor proporción se encuentran los grupos de 45 a 54 años y mayores de 55. Esta composición evidencia una participación predominante de población en edad productiva.

FACTORES ADICIONALES EN EL CONTEXTO DE EVALUACIÓN

Si bien el sondeo se centra en la percepción ciudadana, el contexto en el que se desarrolla la medición incluye una serie de elementos que han acompañado el debate público en las últimas semanas. Entre ellos, se encuentran cuestionamientos vinculados a la calidad del combustible, que han derivado en reclamos de transportistas y usuarios por el rendimiento del producto y su impacto en los motorizados.

A estos elementos se suman episodios como el caso de las denominadas “32 maletas”, cuyo ingreso al país desde Estados Unidos no ha sido esclarecido hasta la fecha por las autoridades, en medio de versiones extraoficiales que señalan la posible circulación de sumas millonarias. La ausencia de resultados en las investigaciones ha mantenido el tema en la agenda pública.