Con un rendimiento del 4,33% y un fondo que supera los 196 mil millones de bolivianos, la entidad estatal reafirma su gestión eficiente, mientras enfrenta el reto de recuperar los montos colocados por las AFP en el intervenido Banco Fassil.
La administración estatal del sistema de pensiones en Bolivia da señales claras de eficiencia. A más de dos años de haber asumido la gestión plena del Sistema Integral de Pensiones (SIP), la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha consolidado un crecimiento robusto del fondo previsional, con una rentabilidad superior al 4%, al tiempo que encara con firmeza la recuperación de fondos heredados de inversiones cuestionadas realizadas por las AFP privadas en el desaparecido Banco Fassil.
En conferencia de prensa, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, informó que al 30 de junio de 2025 el SIP alcanzó los Bs 196.519 millones, equivalentes a más de $us 28.467 millones. Este resultado representa un incremento del 19% respecto a mayo de 2023, cuando las AFP transfirieron a la nueva administración estatal Bs 164.969 millones. La rentabilidad acumulada subió al 4,33%, comparado con el 2,7% que se registraba al cierre de la gestión de las administradoras privadas.
“Este aumento en la rentabilidad se traduce en mayores ingresos para los futuros jubilados. Una mejor administración de los recursos beneficia directamente a quienes han confiado en el sistema”, destacó Durán.
Además de la rentabilidad, Durán remarcó que la seguridad de los fondos está garantizada. “Todos los emisores con los que se trabaja cumplen puntualmente sus obligaciones. Eso demuestra la solidez de la cartera y el manejo responsable de los fondos”, subrayó.
LA HERENCIA DE FASSIL: TRANSPARENCIA Y ESTRATEGIA LEGAL
Uno de los temas más delicados que encara la Gestora es la recuperación de Bs 10.458 millones que fueron invertidos por las AFP en el Banco Fassil antes de que esta entidad financiera fuera intervenida en abril de 2023. De ese total, ya se logró recuperar Bs 1.800 millones, correspondientes a fondos líquidos en cuentas de ahorro y vencimientos de depósitos a plazo fijo (DPF).
El restante será recuperado en función del vencimiento de los instrumentos financieros. “Si un DPF fue pactado por 10 años en 2020, su recuperación se dará en 2030. Así funciona el sistema financiero”, explicó Durán.
Frente a la preocupación de los aportantes, el gerente destacó que existen garantías sólidas para la restitución de esos recursos. Por un lado, la cartera crediticia de Fassil fue asumida por nueve bancos del sistema financiero, por un valor de Bs 3.022 millones. Por otro, un fideicomiso con el Banco Unión, que administra otros Bs 5.019 millones, respalda otra parte de la deuda.
No obstante, Bs 200 millones permanecen en proceso judicial. “Estamos siguiendo los procedimientos legales para recuperar estos recursos que pertenecen a los trabajadores. Es una cantidad menor respecto al total, pero no vamos a descansar hasta que el último boliviano vuelva al fondo”, afirmó Durán.
UN CAMBIO DE MODELO QUE EMPIEZA A DAR RESULTADOS
La transferencia de la administración previsional del sector privado al público no estuvo exenta de tensiones ni dudas. Sin embargo, con indicadores concretos de crecimiento, seguridad y rentabilidad, la Gestora Pública empieza a despejar los temores y a demostrar que el modelo estatal no solo es viable, sino ventajoso.
La entidad asumió la responsabilidad completa del SIP en mayo de 2023, incluyendo el pago de pensiones a los jubilados y la recepción de aportes mensuales de los empleadores. Desde entonces, su gestión se ha caracterizado por aplicar estrategias de inversión más diversificadas y prudentes, que han contribuido a mejorar el desempeño del fondo.
Además, Durán aclaró que todas las inversiones realizadas por las extintas AFP fueron autorizadas por la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) y estaban respaldadas por calificaciones de riesgo favorables en su momento. “No estamos hablando de inversiones ilegales, sino de decisiones que respondían al marco normativo vigente en ese entonces”, señaló.
PRIORIDAD: LA SEGURIDAD DEL AHORRO DE LOS TRABAJADORES
Uno de los pilares del discurso institucional de la Gestora ha sido la defensa de los aportes como recursos intangibles y con privilegio legal, tal como lo establece la Ley de Pensiones 065. “Los fondos del SIP son indivisibles, imprescriptibles e inafectables. No pueden ser embargados, ni tocados para fines ajenos a la jubilación”, reafirmó Durán.
El proceso de recuperación de inversiones, en especial los casos como Fassil, será una tarea de mediano y largo plazo. Pero los avances logrados hasta ahora, junto al crecimiento constante del fondo y la mejora de los indicadores financieros, muestran que el sistema previsional boliviano está en manos seguras.
