La Sala Constitucional reafirma la legalidad del proceso electoral y denuncia presiones institucionales indebidas.

La Sala Constitucional Primera determinó rechazar la acción popular presentada contra las elecciones presidenciales de este 17 de agosto, argumentando que no se evidenció la existencia de derechos constitucionales colectivos que ameriten tutela. El fallo, de cumplimiento obligatorio, blinda el desarrollo del proceso electoral y será notificado a las partes en un plazo máximo de 24 horas.
En su resolución, el tribunal dejó en claro que no se encontró mérito jurídico para admitir la solicitud, al considerar que la demanda no invocó derechos fundamentales ni garantías constitucionales que justifiquen la paralización del calendario electoral. “Se ha denegado la tutela. No hay elementos que hagan peligrar las elecciones, al menos en el marco de esta audiencia”, indicaron las autoridades judiciales al concluir la sesión.
Con esta determinación, se ratifica el compromiso del Órgano Judicial de no interferir con el cronograma democrático establecido, despejando dudas sobre posibles trabas legales en el proceso de selección de altas autoridades del país.
No obstante, tras el fallo, el presidente de la Sala Constitucional Primera, Charles Mejía, denunció públicamente un intento de injerencia por parte del Consejo de la Magistratura. Según relató, apenas unos minutos después de cerrada la audiencia, personeros de esa entidad se presentaron en la sala judicial con intenciones de intervenir.

“Terminamos la audiencia hace dos minutos y ya estaban aquí los funcionarios del Consejo de la Magistratura queriendo ingresar. Eso es presión, eso es injerencia, y lo denunciamos con absoluta claridad”, expresó Mejía, señalando que este tipo de acciones atentan contra la independencia del Órgano Judicial.