Las diferencias entre el Presidente y el Vicepresidente se hacen visibles en medio de denuncias contra el ministro de Justicia y discusiones sobre el rol constitucional en las reuniones de gabinete.

La dinámica política dentro del Gobierno atraviesa uno de sus primeros momentos críticos. Las declaraciones recientes del vicepresidente Edmand Lara revelaron desacuerdos con el presidente Rodrigo Paz respecto a la participación en las reuniones de gabinete y el manejo de denuncias contra el ministro de Justicia, Freddy Vidovic. La situación se desarrolló de manera pública, lo que elevó el nivel de atención y generó interpretaciones sobre posibles reacomodos de poder en la estructura del Ejecutivo.

Todo comenzó luego de la posesión del nuevo gabinete ministerial. De acuerdo con la versión brindada por Lara, se le habría pedido estar presente solo durante la fotografía oficial de la ceremonia para posteriormente retirarse antes de que iniciara la reunión ordinaria con los ministros. El Vicepresidente sostuvo que su participación no es opcional ni simbólica, sino un mandato establecido por la Constitución Política del Estado, que determina su presencia en el gabinete como parte de la conducción conjunta del Gobierno.

“Yo no estoy en este cargo para funciones protocolares. Estoy para trabajar y asumir responsabilidades”, afirmó Lara en un mensaje difundido vía redes sociales, donde además señaló que su decisión es asistir a todas las sesiones ministeriales sin excepción. El Vicepresidente relató que, tras expresar su postura, la conversación con el Presidente continuó respecto a que algunas reuniones se realizarían en otros departamentos y que ello podría dificultar su agenda institucional. Sin embargo, Lara insistió en que viajará cuando sea necesario para garantizar su presencia.

El segundo elemento que tensó la relación fue la polémica en torno al ministro de Justicia, Freddy Vidovic. Algunos sectores denunciaron que Vidovic habría tenido participación en el equipo legal que defendió al peruano Martín Belaunde Lossio y que existiría una sentencia ejecutoriada de tres años en su contra. La información generó preocupación en sectores políticos y sociales, debido a que una eventual sentencia firme impediría el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, no existe hasta el momento documentación oficial que confirme el estado jurídico mencionado.

Lara tomó una posición firme al respecto. Señaló que las acusaciones no responden a un interés genuino por la transparencia, sino a una ofensiva articulada desde grupos de influencia interesados en desplazar a Vidovic y ocupar o controlar la cartera de Justicia. Nombró de manera directa al abogado cruceño Martín Camacho, reconocido por la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, a quien vinculó con redes de poder que, según dijo, buscarían posicionarse en el Gobierno central.

“Lo que se intenta no es buscar justicia, sino mover piezas dentro del Estado. No voy a ser cómplice de eso”, expresó el Vicepresidente, quien reiteró que la lucha contra la corrupción será un eje innegociable de su gestión.

La postura de Lara no pasó desapercibida. Analistas interpretaron sus palabras como una señal de advertencia hacia el entorno presidencial, marcando que su rol no será secundario ni decorativo. Algunos consideran que también existe un componente de afirmación política, pues el Vicepresidente busca consolidar un espacio propio dentro de la estructura gubernamental. Otros señalan que la situación refleja tensiones naturales en gobiernos recién conformados, donde equipos y liderazgos aún se encuentran en proceso de adaptación.

Mientras tanto, el presidente Rodrigo Paz mantuvo un perfil moderado y evitó confrontaciones abiertas. Desde su entorno se indicó que la relación entre ambas autoridades continúa, y que cualquier diferencia será resuelta dentro de los mecanismos institucionales internos del Ejecutivo. No se pronunció, sin embargo, sobre la situación específica del ministro Vidovic ni sobre posibles cambios en la modalidad de funcionamiento del gabinete.

A nivel público, las reacciones han sido diversas. Sectores sociales que respaldan al Gobierno pidieron mantener la unidad, advirtiendo que la coyuntura económica y política requiere estabilidad. Grupos opositores, por el contrario, interpretaron el episodio como una evidencia de descoordinación y falta de cohesión interna. En redes sociales, el debate se amplificó y colocó nuevamente en discusión el rol del Vicepresidente en la estructura estatal, tema sobre el cual existen posturas divergentes desde hace años.

El seguimiento ahora se concentra en la próxima reunión de gabinete. Será allí donde se determine si la participación del Vicepresidente se ajusta a lo que él reivindica como su mandato constitucional o si continúan las tensiones sobre su rol operativo. Asimismo, se espera que el ministro Vidovic presente documentación aclaratoria sobre su situación jurídica, lo cual podría definir su continuidad en el cargo.

En todo caso, la coyuntura refleja un momento decisivo. La manera en que se procesen estas diferencias tendrá impacto directo en la imagen de coordinación gubernamental, la confianza de la población y la estabilidad institucional.