Chuquisaca abre investigación contra magistrados que extendieron mandatos irregularmente; la denuncia apunta a falsedad ideológica y acoso político contra mujeres, presentada por magistradas elegidas en comicios judiciales de 2024.
La Fiscalía Departamental de Chuquisaca dio este viernes un paso firme al admitir la denuncia contra los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que continúan en funciones tras la ampliación indefinida de sus mandatos. La medida se produce luego de que las magistradas Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca señalaran a sus colegas por falsedad ideológica y vulneración de la Constitución.
La investigación quedó asignada a un fiscal especializado, quien tendrá la responsabilidad de iniciar las indagaciones por los presuntos delitos de acoso político contra mujeres y falsedad ideológica. Según la resolución confirmada por Laura Villca, los acusados serán procesados por la vía ordinaria, lo que resalta la gravedad de las acusaciones y evita el juicio de responsabilidades exclusivo para magistrados.
La fiscal Jhenny Torrico Delgadillo identificó a los magistrados denunciados como Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo. “La Fiscalía busca esclarecer la verdad histórica y material de los hechos denunciados”, señala la resolución que formaliza el inicio del proceso.
El Ministerio Público recordó que la denuncia presentada el 12 de noviembre de 2025 sostiene que la resolución de los magistrados autoprorrogados violó la Constitución, permitiendo la prórroga irregular de mandatos que debieron concluir en 2023. La investigación preliminar estará a cargo de la Policía Boliviana y buscará recabar pruebas que confirmen la comisión de los delitos señalados.
La Unidad de Análisis del Ministerio Público instruyó al Juzgado de Instrucción Penal y Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Chuquisaca a ejecutar todas las diligencias necesarias, marcando los primeros pasos concretos del proceso judicial.
El caso genera atención en el ámbito judicial y político, ya que cuestiona no solo la legalidad de la extensión de mandatos, sino también la práctica de autoprorrogas dentro del TCP. La resolución fiscal y la apertura formal de la investigación envían un mensaje contundente sobre la obligación de rendición de cuentas y la protección de los derechos de las magistradas denunciantes.