La supresión del impuesto a las grandes fortunas redefine el esquema fiscal, favorece a millonarios y acompaña un paquete de medidas que recorta el gasto público y modifica el presupuesto estatal para 2026.
El Gobierno dio un viraje contundente a su política económica al confirmar la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, junto con otros tres tributos menores, bajo el argumento de que esas cargas fiscales obstaculizaban inversiones y frenaban decisiones estratégicas del sector privado. La decisión, anunciada en conferencia de prensa por el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, se ubica en el centro de un reordenamiento más amplio que incluye ajustes presupuestarios, recortes operativos y un proceso de pago acelerado de deudas acumuladas por el Estado.
La administración justificó la eliminación del tributo a los grandes patrimonios asegurando que su vigencia provocó la salida de más de 2.000 millones de dólares que, según Paz, dejaron de invertirse en Bolivia para instalarse en países como Paraguay. El mandatario aseguró que ese impuesto “no generó ningún beneficio” y operó como un freno para capitales que buscaban condiciones estables. La apuesta del Ejecutivo es que liberar esa carga tributaria enviará señales suficientes para reactivar la llegada de nuevos flujos financieros.
Espinoza complementó la explicación señalando que los cuatro impuestos eliminados no superaban el 1% de la recaudación estatal. Sin embargo, enfatizó que su efecto sobre el clima de negocios fue “desproporcionado”, derivando en contradicciones normativas y desincentivos que afectaron la toma de decisiones de inversionistas y empresas. Al igual que Paz, sostuvo que el impuesto a las grandes fortunas fue particularmente contraproducente y no alcanzó ni siquiera a cubrir los costos administrativos de su recaudación.
La medida se enmarca en un proceso más amplio de reconfiguración del Presupuesto General del Estado para 2026. El Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto que habilite la revisión del presupuesto hasta febrero, bajo la premisa de reducir el gasto fiscal en al menos un 30%. Espinoza puntualizó que este ajuste representa una disminución cercana a cuatro puntos porcentuales del PIB, lo que obligará a replantear estructuras institucionales, recortar gastos corrientes y reorganizar programas estatales.
Otro frente crítico se vincula con el pasivo acumulado del Estado: desde 2023 se registran 7.000 millones de bolivianos en deudas pendientes, de los cuales cerca de 5.000 millones no fueron debidamente registrados en los sistemas internos. Esta irregularidad generó demoras significativas y distorsiones en los procesos de pago. El Ejecutivo anunció que convocará a los acreedores para establecer nuevos cronogramas, priorizando los compromisos más atrasados. Además, Economía publicará diariamente todos los pagos realizados con el fin de transparentar el flujo de recursos.
En medio de estos anuncios, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas se consolidó como el elemento más polémico. La medida implica que los sectores de mayor riqueza quedan liberados de una obligación diseñada para garantizar progresividad fiscal y equilibrar cargas en una estructura económica que ya enfrenta tensiones por la caída de ingresos, la necesidad de recortes y la presión sobre la inversión pública. Aunque el Ejecutivo plantea que la supresión atraerá capitales, el impacto inmediato es permitir que los patrimonios más altos eviten un aporte específico cuyo propósito era evitar privilegios acumulativos.
