La creciente ofensiva operativa de EE.UU. en el Caribe desata alertas mundiales y fuertes críticas diplomáticas por su objetivo político real: derrocar al Gobierno venezolano mediante presión armada.

Estados Unidos ha llevado al límite la tensión en el mar Caribe. Su despliegue de bombarderos estratégicos B-52H, sumado a la presencia del gigantesco portaviones USS Gerald R. Ford y constantes operativos marítimos y aéreos, dejó de ser una demostración de fuerza para convertirse en un abierto desafío al país gobernado por Nicolás Maduro. La comunidad internacional observa alarmada una maniobra que, bajo el paraguas del combate al narcotráfico, apunta a debilitar la soberanía venezolana.

El Comando Sur asegura que estas acciones forman parte de la operación Lanza del Sur, enfocada en “neutralizar a los narcoterroristas” del hemisferio. Pero organismos técnicos, como la propia DEA y Naciones Unidas, contradicen esa versión con cifras claras: la ruta del Pacífico concentra más del 80 por ciento del flujo de estupefacientes hacia EE.UU., no el Caribe cercano a Venezuela. En la práctica, la argumentación antidrogas aparece como un pretexto que se desmorona ante la evidencia.

El presidente estadounidense Donald Trump, sin intención de suavizar el discurso, lanzó una advertencia durante un vuelo en el Air Force One: “Si podemos hacerlo por las buenas, lo haremos; y si es por las malas, también”. Su declaración confirmó el propósito político que expertos internacionales vienen alertando: la configuración de un escenario justificatorio para una intervención militar directa.

Los ejercicios recientes profundizan ese temor. Según fuentes militares, el lunes se llevó a cabo una operación de “demostración de ataque” con bombarderos de largo alcance que simuló acciones ofensivas en un punto sensible del Caribe. La Fuerza Aérea estadounidense destacó que se trató de entrenamiento de movilidad rápida junto a cazas de combate, una combinación de enorme capacidad destructiva. La Marina, por su parte, mantuvo vuelos nocturnos reiterados desde la cubierta del Ford USS Gerald R. Ford, que permanece en la zona desde hace semanas como un símbolo flotante de poder bélico.

Estos avances no ocurren en aislamiento. Se producen de manera paralela a una intensa actividad diplomático-militar en la región. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, sostuvo reuniones militares en Trinidad y Tobago, mientras el secretario de Guerra Pete Hegseth arribó a República Dominicana con agenda pública enfocada en el narcotráfico. Para analistas, estos encuentros fortalecen el cerco geopolítico sobre Caracas.

En la operación Lanza del Sur ya se registraron bombardeos a presuntas embarcaciones del crimen organizado con más de 70 muertos, sin pruebas contundentes que permitan sostener las acusaciones. Organismos de derechos humanos califican estos ataques como ejecuciones ilegales que atropellan protocolos internacionales. El Gobierno venezolano denuncia que se intenta provocar una reacción que habilite un choque militar directo que Washington pueda usar como justificación.

Mientras tanto, el petróleo y el gas venezolanos vuelven al centro de la disputa. Maduro insiste en que el objetivo final es apoderarse de las mayores reservas probadas de crudo del planeta. “Quieren recolonizar Venezuela”, dijo en su última declaración televisada, denunciando una estrategia de agresión permanente.

La condena global es contundente. Gobiernos como los de México, Colombia y Brasil exigieron respeto a la soberanía venezolana. Rusia fustigó a EE.UU. por violar el derecho internacional y tensar peligrosamente la estabilidad continental. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre violaciones graves que podrían constituir crímenes internacionales.