El Órgano Electoral Plurinacional gestionará bienes, servicios y arrendamientos sin trámites habituales, registrando operaciones superiores a Bs 20.000 en Sicoes bajo control de Contraloría.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) obtuvo autorización plena para ejecutar contrataciones directas de bienes y servicios destinados a las Elecciones Subnacionales 2026, previstas para el 22 de marzo. La Ley 1700, de carácter excepcional y transitorio, otorga al órgano electoral la facultad de operar con total autonomía, eliminando los procedimientos convencionales que usualmente retrasan la organización de los comicios.

De acuerdo con la normativa, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del TSE asumirá completa responsabilidad por todas las contrataciones, desde su inicio hasta su conclusión. Este control directo busca agilizar la adquisición de materiales, servicios y logística necesaria para garantizar el desarrollo de los procesos electorales departamentales, municipales y del gobierno autónomo regional del Gran Chaco.

La legislación permite además el uso de medios electrónicos competitivos disponibles en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), asegurando que los contratos superiores a Bs 20.000 sean registrados formalmente. Todas las contrataciones realizadas mediante plataformas electrónicas deberán quedar documentadas en Sicoes, proporcionando transparencia y trazabilidad de las operaciones, aunque bajo la administración directa del TSE.

Entre los servicios que se podrán contratar sin restricciones se incluyen el arrendamiento de vehículos automotores e inmuebles destinados a la organización electoral. Para estos casos, el TSE queda exento de tramitar certificaciones ante el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), acelerando los procesos logísticos y operativos en todo el país.

Una vez concluidas las contrataciones, el TSE deberá remitir la información detallada a la Contraloría General del Estado, cumpliendo con los requerimientos de supervisión establecidos por la normativa vigente. Sin embargo, la gestión queda fuertemente centralizada en la autoridad electoral, garantizando rapidez y control absoluto sobre los recursos y servicios utilizados.