La ANH y YPFB enfrentan controles fiscales y policiales por irregularidades en licencias, cisternas y obras de infraestructura. Buscan frenar pérdidas económicas y responsabilidades por corrupción.

La investigación sobre irregularidades en el manejo de combustibles continúa generando atención en el país. Autoridades judiciales y policiales realizan operativos para obtener datos sobre la emisión de permisos, movimientos de cisternas y participación de funcionarios en hechos que habrían favorecido desvíos y sobreprecios dentro de la cadena de distribución.

Durante esta semana, la Fiscalía desarrolló allanamientos en oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como parte del seguimiento a una denuncia registrada en febrero pasado. Se indaga el traslado de 14 cisternas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que habrían sido enviadas a surtidores sin cumplir los procedimientos legales. Los documentos que respaldan los movimientos están siendo analizados para conocer cómo se autorizaron estos viajes y quiénes suscribieron los permisos.

La ANH divulgó que entregó toda la información requerida por los investigadores y que se inició un proceso interno de verificación de licencias otorgadas en los últimos meses. Se busca determinar si existieron desvíos de combustibles con participación de personal administrativo o directivo de la institución.

La directora de la ANH, Margot Ayala, informó que se removió a más de 100 funcionarios como parte de un plan de reestructuración. Según explicó, se trata de una medida preventiva para evitar que continúen prácticas irregulares y reforzar los controles en áreas vinculadas al transporte y comercialización de carburantes.

Los operativos se extendieron a instalaciones de YPFB en cuatro departamentos. En La Paz, los fiscales y la Policía ingresaron a la planta de Senkata, donde se aprehendió a algunos trabajadores investigados por supuesta participación en el desvío de combustible. También se realizó una intervención en Santa Cruz, que concluyó con la detención de personal y el secuestro de documentación clave.

En Cochabamba, la acción alcanzó a oficinas de YPFB y YPFB Redes. Como resultado, un funcionario está siendo procesado por presuntos cobros indebidos para beneficiar a una empresa en una licitación. De acuerdo con fuentes oficiales, este caso permitió identificar posibles vínculos con otros departamentos y líneas de comercialización.

En el departamento de Oruro, la investigación se enfoca en la construcción de tanques de almacenamiento de carburantes. Se presume que hubo sobreprecio en la obra y acordaron revisar los contratos y estudios técnicos para establecer las responsabilidades.

Las autoridades consideran que la indagación puede llegar a nuevos actores debido a indicios de que la red de desvío podría estar operando en varios puntos del país. La Fiscalía aún analiza la información recabada y no descarta citar a más funcionarios o exservidores públicos que hayan tenido relación con la emisión de licencias o permisos cuestionados.