El Ejecutivo aplicó un fuerte ajuste en carburantes desde esta jornada, acompañado de alzas salariales y bonos desde 2026, en un intento por contener el impacto social del mayor incremento energético en años.

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira puso en vigencia este miércoles un gasolinazo que modifica de manera drástica la estructura de precios de los combustibles en Bolivia y marca un punto de inflexión en la política económica nacional. La medida, anunciada en mensaje oficial acompañado por todo el gabinete ministerial, establece incrementos que alcanzan el 86,1% en la gasolina especial y hasta el 163% en el diésel, con efecto inmediato en todo el país.

El ajuste fue formalizado mediante un decreto supremo que fija nuevos precios para los carburantes por un periodo inicial de seis meses. De acuerdo con la información oficial proporcionada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, el litro de gasolina especial pasó a Bs 6,96, la gasolina premium a Bs 11 y el diésel a Bs 9,80. El mismo decreto dispone la exclusión del diésel de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de facilitar su importación y garantizar el abastecimiento interno.

El anuncio generó una reacción inmediata de la población. En las horas previas a la aplicación de los nuevos precios, ciudadanos de distintas ciudades acudieron de forma masiva a estaciones de servicio para cargar combustible, lo que provocó largas filas y una demanda inusual. Frente a la incertidumbre, numerosos surtidores optaron por cerrar temporalmente la venta al público una vez conocidas las nuevas disposiciones, agravando la sensación de tensión y desorden.

Desde el Ejecutivo, el gasolinazo fue presentado como una decisión inevitable para enfrentar la crisis económica. El presidente Paz sostuvo que el país atraviesa una situación crítica heredada de gestiones anteriores, a las que acusó de haber deteriorado las finanzas públicas y la estructura productiva. En ese marco, afirmó que el sinceramiento de los precios de los hidrocarburos es una condición necesaria para recuperar estabilidad económica y certidumbre energética.

Para amortiguar el impacto social del incremento en los combustibles, el Gobierno anunció un conjunto de medidas complementarias que comenzarán a aplicarse a partir del 2 de enero de 2026. Entre las principales se encuentra el aumento del salario mínimo nacional en un 16,1%, que pasará de Bs 2.750 a Bs 3.300. Según lo informado, este monto se mantendrá vigente hasta fin de 2026, cuando se realizará una nueva evaluación en diálogo con los sectores laborales y empresariales.

Asimismo, se confirmó el incremento de la Renta Dignidad para personas mayores de 60 años, que subirá de Bs 350 a Bs 500, y el aumento del Bono Juancito Pinto para estudiantes, que pasará de Bs 200 a Bs 300. Ambas medidas entrarán en vigencia en 2026 y forman parte del paquete social con el que el Ejecutivo busca compensar el efecto del encarecimiento generalizado del costo de vida.

A estas disposiciones se suma la creación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad, destinado a padres, madres y tutores sin aportes contributivos. El programa contempla la entrega de Bs 200 cada cuatro meses, hasta un máximo de Bs 600 anuales, lo que equivale a Bs 50 mensuales. El presidente subrayó que esta asistencia no debe ser entendida como asistencialismo, sino como un respaldo temporal a familias en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito financiero, el Gobierno anunció además un régimen extraordinario de repatriación de capitales, que establece una tasa impositiva del 0% para quienes retornen recursos del exterior e inviertan en actividades productivas en Bolivia. El beneficio excluye capitales vinculados al narcotráfico, terrorismo y corrupción, y busca, según el Ejecutivo, recuperar liquidez y dinamizar la economía interna.

Paz Pereira defendió el conjunto de medidas como parte de una estrategia integral de ajuste y recuperación. En su mensaje, insistió en que el país fue dejado en una situación extrema y utilizó un discurso de fuerte carga política para justificar las decisiones adoptadas. “Bolivia está enferma. La arrasaron como en la guerra y nos dejaron solos”, afirmó al cierre de su intervención, remarcando la gravedad del escenario que, según dijo, enfrenta su administración.