La Defensoría del Pueblo verificó detenciones, estado de salud de personas afectadas y uso de la fuerza policial, mientras continuó el monitoreo institucional a movilizaciones, huelgas y protestas registradas en varios departamentos.
Al menos doce personas fueron detenidas durante los enfrentamientos registrados en la ciudad de La Paz entre marchistas de la Central Obrera Boliviana (COB) y efectivos de la Policía Boliviana, en el marco de las movilizaciones que mantienen en tensión la relación entre el Gobierno y sectores sindicales. La información fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, que desplegó personal para el seguimiento de los hechos.
La institución defensorial informó que, desde el momento de las aprehensiones, activó acciones de verificación en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El trabajo incluyó la revisión del respeto al debido proceso de las doce personas arrestadas, así como el control de las condiciones en las que se produjeron las detenciones durante los operativos policiales realizados en el centro paceño.
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, expresó públicamente su preocupación por los hechos de violencia registrados durante la jornada. En pronunciamientos oficiales, la autoridad exhortó a los actores involucrados a detener las acciones violentas y a priorizar el diálogo como vía democrática para atender la conflictividad social derivada de las demandas sindicales.
En el ámbito sanitario, la Defensoría constató la situación de un docente universitario de la tercera edad que resultó herido durante los disturbios. El ciudadano fue alcanzado por el impacto de un agente químico en el miembro inferior izquierdo y fue trasladado al Seguro Social Universitario, donde permanece internado. El reporte médico señala que su estado de salud es estable.
Por su parte, el comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Amilkar Sotopeña, informó que la Alcaldía denunció daños a bienes públicos y privados ocasionados durante el paso de los marchistas por distintas zonas de la ciudad. La autoridad policial también ofreció disculpas a la población por las afectaciones provocadas por el uso de gases lacrimógenos, señalando que su empleo respondió a la necesidad de controlar la situación.
El informe de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz también registró agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que realizaban la cobertura de las movilizaciones, además de reclamos de ciudadanos que manifestaron su desacuerdo con las protestas.







