Comunidades, Defensoría del Pueblo y organizaciones cívicas denuncian ingreso policializado, procesos penales y falta de consulta previa en Tariquía, área protegida para el agua, solicitando presencia estatal y respeto derechos.

El ingreso de Petrobras Bolivia a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía para actividades de exploración hidrocarburífera generó un rechazo expreso y articulado de comunarios, organizaciones sociales, instancias cívicas y entidades de defensa de derechos humanos. La oposición se activó tras operativos policiales que permitieron el paso de maquinaria y personal hacia el área donde se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO-X3), en jurisdicción del cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos.

Las comunidades que mantienen una vigilia permanente en la zona informaron que la intervención policial se extendió durante dos jornadas consecutivas en el sector de la Quebrada Las Vacas. Según los testimonios recogidos, el despliegue de efectivos tuvo como objetivo despejar el camino y garantizar el ingreso de la empresa, pese a la resistencia pacífica instalada desde el 8 de diciembre de 2025 por el Comité de Defensa de Tariquía.

Representantes comunales señalaron que estas acciones desconocen la voluntad de las poblaciones que habitan dentro y en los alrededores de la reserva, así como su dependencia directa de los recursos naturales del área. Defensores ambientales reiteraron que el sitio previsto para la exploración coincide con zonas de recarga hídrica utilizadas por comunidades campesinas y su ganado, un elemento central en la oposición al proyecto.

La activista ambiental Nelly Coca informó que, tras los operativos, 17 comunarios fueron notificados con el inicio de procesos penales por presuntos delitos como asociación delictuosa y otros vinculados a la protesta social. De acuerdo con su testimonio, estas medidas judiciales se suman a episodios de hostigamiento y uso de la fuerza durante la vigilia. Coca indicó que, frente a esta situación, abogados independientes ofrecieron asumir la defensa legal de los comunarios de manera gratuita.

La Defensoría del Pueblo confirmó públicamente que realiza seguimiento a estos hechos. La delegada departamental en Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la institución se constituyó en el municipio de Entre Ríos para verificar in situ la situación de las personas movilizadas. El trabajo incluyó entrevistas directas, constatación del estado físico de los participantes y evaluación de la actuación policial bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Durante la verificación defensorial se identificó la participación de mujeres y personas adultas mayores, todas de origen campesino. Asimismo, se corroboró la notificación formal a 17 personas con nuevos procesos penales. La Defensoría señaló que mantiene acompañamiento institucional permanente y recordó que el Estado boliviano tiene obligaciones internacionales, en el marco del Acuerdo de Escazú, relacionadas con la consulta previa, libre e informada y la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.