En conferencia de prensa tras firmar la abrogación, el presidente explicó razones económicas, defendió eliminación de subsidios, destacó reuniones con organizaciones sociales y evitó referirse a su falta de diálogo directo con la COB.

Tras la firma oficial del documento que dejó sin efecto el Decreto Supremo 5503, el presidente Rodrigo Paz Pereira dio un mensaje en la que buscó justificar la decisión de su Gobierno y explicar, punto por punto, los motivos que lo llevaron a ceder ante las protestas sociales, sin renunciar al contenido económico de la norma ahora derogada.

El mandatario afirmó que la abrogación no representa un retroceso político ni económico, sino “un ajuste responsable” dentro del proceso de reformas que impulsa su administración. Aseguró que el decreto cumplió su propósito inicial y que ahora corresponde avanzar hacia una nueva normativa que mantenga los cambios estructurales, especialmente la eliminación de la subvención a los carburantes.

Paz reiteró que, durante los días de vigencia del decreto, el Estado ahorró aproximadamente 10 millones de dólares diarios al suspender el subsidio a los combustibles. Según su versión, esos recursos permitieron sostener programas sociales y proyectos de infraestructura. En contraste, explicó que los bloqueos y movilizaciones generaron pérdidas cercanas a los 20 millones de dólares por día, afectando sectores productivos, transporte y comercio interno.

“El país no puede sostener un modelo de subvenciones eternas cuando necesitamos recursos para invertir en empleo y desarrollo”, declaró el presidente, insistiendo en que el nuevo decreto que prepara el Ejecutivo conservará esa medida económica central.

El jefe de Estado recordó que, durante el conflicto, su Gobierno sostuvo reuniones con más de 160 organizaciones sociales de distintos departamentos. Afirmó que escuchó a dirigentes vecinales, campesinos, transportistas y representantes de sectores productivos, quienes —según dijo— coincidieron en la necesidad de estabilizar la economía y evitar un colapso fiscal.

Además, Paz destacó que realizó programas en vivo transmitidos por medios estatales, donde dialogó con supuestos dirigentes sociales que respaldaban las reformas. En esas transmisiones, el mandatario respondió preguntas y defendió públicamente las decisiones de su gabinete, presentándolas como inevitables para garantizar el futuro económico del país.

Sin embargo, durante toda la crisis, el presidente evitó reunirse directamente con la dirigencia nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), principal impulsora de las movilizaciones. Ese distanciamiento fue criticado por sectores sindicales, que reclamaban un diálogo directo con el mandatario y no solo con ministros. Finalmente, el acuerdo para abrogar el decreto fue firmado por seis miembros del gabinete, sin la presencia de Paz en la mesa de negociación.

El presidente señaló que confió en su equipo ministerial para conducir las conversaciones y que la decisión respondió a una estrategia de “gestión institucional”. No explicó por qué no participó personalmente en las negociaciones con la COB, pese a la magnitud del conflicto.

Paz también confirmó que el acuerdo con la Central Obrera incluye la elaboración inmediata de un nuevo decreto que incorporará medidas de contención social. Entre ellas, mencionó el incremento del salario mínimo, el fortalecimiento de la Renta Dignidad y la continuidad del Bono Juancito Pinto, compromisos ratificados en el documento firmado con los dirigentes sindicales.

Otro anuncio relevante fue la llegada de 7.000 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional. El presidente aseguró que esos fondos estarán destinados a proyectos de infraestructura y generación de empleo, aunque no precisó plazos ni entidades financiadoras.