Un juzgado de La Paz definió prisión preventiva para uno y detención domiciliaria para otro, tras una extensa audiencia vinculada a investigaciones por supuestos manejos irregulares en la empresa estatal EMAPA.

Después de una audiencia que se prolongó por más de diez horas, el Juzgado 11 de Instrucción Penal de La Paz resolvió las medidas cautelares contra los exministros de Desarrollo Productivo Néstor Huanca y Zenón Mamani, investigados por presuntas irregularidades en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), entidad estatal encargada del abastecimiento de productos básicos.

Según el fallo judicial, Huanca deberá cumplir detención preventiva durante cuatro meses en el penal de Patacamaya. La jueza sustentó su decisión en la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de que el imputado no se someta al proceso o interfiera en la investigación, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.

En contraste, Mamani fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención. La autoridad judicial ordenó su arresto domiciliario, además de imponerle arraigo nacional, verificación de domicilio, una fianza económica de 50.000 bolivianos y la obligación de presentarse periódicamente para registro biométrico ante el órgano judicial.

Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, registrado bajo el número 201102012508515, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público.

El fiscal asignado al caso, Ronald Jurado, informó que la Fiscalía presentó un recurso de apelación contra la determinación judicial, por lo que las medidas dispuestas serán revisadas por una instancia superior mientras continúan las investigaciones.

El actual ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Justiniano, señaló en declaraciones públicas que las irregularidades detectadas en Emapa podrían haber ocasionado un daño económico aproximado de 1.000 millones de bolivianos al Estado. En su criterio, Huanca y Mamani, como máximas autoridades del sector, tenían conocimiento de las operaciones observadas y no habrían actuado para impedirlas.