Dirigentes confirman que solo se retiró 154 de 230 millones de litros pactados para 2025. Ocho mil familias productoras del norte cruceño quedan expuestas ante una posible reducción oficial.

La cadena cañera formalizó su declaratoria de emergencia tras constatar que la compra estatal de etanol avanza por debajo del volumen comprometido para la gestión 2025. La cifra oficial entregada por la dirigencia sectorial establece que, de 230 millones de litros acordados, se retiraron 154 millones, equivalente al 66% del total.
El dato fue informado por la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro), cuyo presidente, Beltrán Flores, ratificó públicamente el volumen pendiente de entrega. La diferencia asciende a 76 millones de litros que aún no fueron recogidos por el Estado, pese a que el contrato establece la obligación de compra durante la presente gestión.
La producción de caña responde a planificación anual. Los cultivos no se ajustan sobre la marcha. La inversión en insumos, fertilización, corte, transporte y procesamiento industrial se ejecuta con financiamiento previo y compromisos asumidos por los productores. Según la dirigencia, alrededor de 8.000 familias del norte cruceño dependen directamente de esa estructura productiva.
La Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), encabezada por Óscar Arnez, confirmó que el documento firmado no contempla disminuciones en los volúmenes de adquisición, sino una proyección de crecimiento progresivo. La organización anunció reuniones con ejecutivos de YPFB y autoridades del área hidrocarburífera para revisar el cumplimiento contractual.
La alerta sectorial se intensificó luego de declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien mencionó la posibilidad de reducir la proporción de mezcla de etanol en la gasolina, tras reportes públicos sobre fallas en motores atribuidas al combustible. Dirigentes técnicos cañeros rechazaron esa asociación y recordaron que el programa de etanol anhidro se aplica desde hace siete años sin informes técnicos oficiales que establezcan responsabilidad directa del producto en daños mecánicos.
Las organizaciones productivas sostienen que cualquier disminución en la compra afectaría la sostenibilidad de la zafra y la capacidad de pago de créditos asumidos para esta campaña agrícola. La cadena productiva integra productores primarios, ingenios, transporte y trabajadores de campo.