El Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 5545 para mantener a Gustavo Antonio Ávila Mercado como vocal del Tribunal Supremo Electoral, cargo que ocupa desde abril de 2024 por designación presidencial.
El presidente Rodrigo Paz oficializó la continuidad de Gustavo Antonio Ávila Mercado como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante la promulgación del Decreto Supremo 5545. La norma, publicada con artículo único, reafirma su permanencia como representante del Órgano Ejecutivo ante la máxima instancia electoral del país.
La disposición establece de manera expresa la confirmación de Ávila en el cargo. Su designación original data del 4 de abril de 2024, cuando fue nombrado por el entonces mandatario Luis Arce. Con la nueva firma presidencial no se altera el periodo constitucional, que se extiende por seis años.
El artículo 206 de la Constitución Política del Estado fija la composición del Órgano Electoral Plurinacional en siete vocales: seis seleccionados por la Asamblea Legislativa y uno designado directamente por el Presidente del Estado. La misma norma determina que el mandato es de seis años y no admite reelección. Bajo ese marco jurídico, Ávila debe ejercer funciones hasta abril de 2030.
El actual vocal cuenta con trayectoria previa dentro de la estructura electoral. Fue vocal departamental en Tarija durante varios años. En 2019 fue aprehendido y enviado a detención preventiva dentro de las investigaciones abiertas por el presunto fraude electoral. Con el cierre posterior de los procesos contra exautoridades electorales, no se establecieron responsabilidades penales en su contra, lo que permitió su retorno a la función pública.
La ratificación lo convierte, hasta ahora, en el único miembro del TSE cuya permanencia fue expresamente confirmada por la nueva administración. En el ámbito departamental, el Ejecutivo designó el 3 de febrero a Humberto Valenzuela Villarroel como representante ante el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. En las demás regiones no se registraron cambios recientes en la representación presidencial.
La medida se sustenta en la atribución constitucional que faculta al jefe de Estado a nombrar al séptimo vocal del TSE. El decreto no introduce modificaciones estructurales en la conformación del órgano, sino que mantiene vigente la designación efectuada en 2024.
La decisión presidencial fue formalizada a través de un instrumento legal específico y se enmarca en las competencias definidas por la Carta Magna, que regula tanto la composición como la duración del mandato de los vocales electorales.