La banca estatal ejecuta el recambio de sus agencias móviles para sostener la cobertura en municipios sin sucursal fija y asegurar el pago regular de salarios públicos y beneficios sociales.
Banco Unión inició el reemplazo de las unidades que conforman su red de Agencias Móviles “Sariri”, estructura diseñada para operar en localidades donde no existe presencia bancaria permanente. La decisión responde a un plan de modernización logística orientado a mantener la operatividad del servicio y ampliar su alcance territorial.
Las Sariri cumplen funciones equivalentes a una oficina tradicional. En cada desplazamiento realizan apertura de cuentas, recepción de depósitos, pagos de bonos estatales, cancelación de salarios del sector público, cobro de cheques, transferencias, pago de impuestos y servicios básicos, además de desembolsos crediticios. La atención se organiza mediante cronogramas previamente establecidos para cada municipio.
Información institucional señala que la entidad financiera estatal tiene presencia en cerca del 95% de los municipios del país a través de sus Puntos de Atención Financiera, entre los que se incluyen estas agencias itinerantes. Ese despliegue permite garantizar la entrega de la Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy y el Bono Juancito Pinto, así como los haberes de maestros, personal médico, enfermeras de frontera, militares y otros servidores públicos destinados en regiones alejadas de las capitales departamentales.
El proceso de renovación contempla el envío progresivo de los nuevos motorizados desde Santa Cruz hacia La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni y Chuquisaca. Con esta distribución se busca asegurar condiciones técnicas adecuadas para recorridos extensos y rutas de difícil acceso, reduciendo riesgos mecánicos y evitando interrupciones en la atención.
En varios municipios intermedios y comunidades rurales, la llegada de la Sariri constituye la única alternativa para realizar trámites financieros formales sin desplazamientos prolongados. La actualización del parque automotor apunta a sostener esa dinámica operativa y a preservar la continuidad en el pago de beneficios estatales que dependen de calendarios definidos.
