El Decreto Supremo 5552 elimina la gestión administrativa propia del despacho vicepresidencial, traslada su presupuesto y personal al Ministerio de la Presidencia y limita su acción a funciones legislativas específicas.

La publicación del Decreto Supremo 5552 formalizó una reconfiguración profunda en la estructura del Órgano Ejecutivo. La disposición redefine el rol institucional de la Vicepresidencia y coloca su operatividad bajo control del Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Luis Lupo.
El texto normativo establece que las áreas técnicas, administrativas y de apoyo que antes respondían directamente al vicepresidente ahora dependerán jerárquicamente de esa cartera de Estado. Comunicación, Protocolo, Asesoría Jurídica, Gestión Legislativa y Archivo dejan de tener mando autónomo. También se dispone que las obligaciones sociales, trámites administrativos y procesos judiciales vinculados a la Vicepresidencia serán asumidos por el Ministerio de la Presidencia.
La Vicepresidencia, dirigida por Edmand Lara, conserva únicamente atribuciones vinculadas al trabajo legislativo, sin control directo sobre presupuesto, contrataciones ni administración de personal. La Unidad de Auditoría Interna y la instancia de Transparencia ejercerán supervisión desde el Ministerio de la Presidencia sobre todas las actividades y recursos asignados.
El decreto instruye además que los recursos previstos en el Presupuesto General del Estado 2026 para la Vicepresidencia sean transferidos, previa evaluación del Ministerio de Economía, a los ministerios de la Presidencia, Desarrollo Productivo y Planificación. No se detallan porcentajes, pero la norma autoriza la redistribución conforme a las nuevas funciones asignadas.