Docentes denuncian falta de recursos, incumplimientos salariales y abandono estructural del sistema educativo. La protesta escala con marchas y advertencias al Gobierno por ausencia de respuestas concretas en cuatro meses.

El magisterio urbano de Riberalta activó una declaratoria de estado de emergencia y confirmó movilizaciones sostenidas, en rechazo a lo que califican como incumplimientos del Gobierno en materia salarial, presupuestaria y condiciones mínimas para el funcionamiento del sistema educativo.

La determinación fue asumida en una concentración pública frente a autoridades distritales, donde maestros expusieron una serie de demandas acumuladas. Entre los puntos centrales se encuentran la falta de incremento al haber básico comprometido en mesas de trabajo, la ausencia de diálogo con dirigencias nacionales y el deterioro de las unidades educativas.

Los docentes cuestionaron abiertamente declaraciones de autoridades económicas que admitieron no contar con recursos para atender el incremento salarial. En respuesta, el sector considera que existe una falta de planificación y transparencia en la administración de los fondos públicos, señalando que no se ha explicado el destino de recursos tras medidas económicas recientes que afectan directamente al costo de vida.

También se rechazó la propuesta de financiamiento compartido para mejoras salariales, que plantea dividir responsabilidades entre el nivel central y los gobiernos municipales. Según los maestros, esta alternativa es inviable, debido a que muchos municipios no logran cubrir ni siquiera servicios básicos como el desayuno escolar durante toda la gestión.

El conflicto no se limita al aspecto salarial. Los educadores denunciaron sobrecarga en aulas con hasta 50 estudiantes, incumpliendo normativas que establecen un máximo de 35 por docente. A esto se suma la precariedad de infraestructura: falta de mobiliario, deterioro de aulas y ausencia de nuevas construcciones educativas en el municipio.

En el plano organizativo, también se evidenció malestar con instancias sindicales superiores. Se cuestionó la falta de representación efectiva y el manejo de aportes económicos, lo que refleja tensiones internas en el movimiento laboral. No obstante, el magisterio local afirmó que asumirá un rol más activo en la conducción de las demandas del sector trabajador.

Como medida inmediata, se confirmó la participación en la marcha nacional que se dirige hacia la ciudad de La Paz en el marco del 1 de mayo. La movilización busca presionar por respuestas concretas y visibilizar la situación del sector educativo en regiones periféricas.

Los docentes recalcaron que la protesta no responde únicamente a la demanda salarial, sino a una crisis estructural en educación. Insisten en que el presupuesto asignado es insuficiente y que las autoridades no han cumplido compromisos establecidos a inicios de gestión.

La declaratoria de emergencia implica la posibilidad de radicalizar medidas en los próximos días, incluyendo paralizaciones y ampliación de protestas. El sector exige la instalación inmediata de mesas de diálogo con capacidad resolutiva y la presencia de autoridades con competencia directa en la toma de decisiones.