Representantes cívicos, productivos y académicos acordaron acciones medibles, seguimiento permanente y exigencia de resultados a nuevas autoridades, priorizando necesidades urgentes del Beni con base en información técnica y evaluación institucional.

La institucionalidad beniana acordó una agenda departamental con tareas específicas y mecanismos de seguimiento que obligan a las nuevas autoridades a responder con resultados. El compromiso fue sellado en una reunión ampliada que reunió al Comité Cívico del Beni, la Brigada Parlamentaria, la Federación de Ganaderos, la Universidad Autónoma del Beni y representantes del sector privado.
El presidente del Comité Cívico, Hugo Aponte, informó que el documento establece prioridades y define cómo se ejecutarán las acciones. “Se definió una agenda departamental y trabajo a desarrollar en beneficio del departamento, con acciones que sean consideradas, y acompañadas por las autoridades, en cumplimiento al mandato de la Asamblea de la benianidad”, señaló.
La base de esta hoja de ruta surge de una revisión integral de la situación del departamento. Durante el encuentro, delegados de distintos sectores presentaron datos sobre la realidad productiva, administrativa, política y social. Esos informes sirvieron para establecer lineamientos y ordenar las demandas en función de su urgencia y viabilidad.
El acuerdo no se limita a declaraciones. Incluye un sistema de control sobre las autoridades electas, con énfasis en el gobernador Jesús Eguez Rivero. Según Aponte, se hará un monitoreo constante del cumplimiento de los compromisos asumidos junto a instituciones y sectores sociales.
El dirigente explicó que el trabajo será coordinado y sostenido en el tiempo. La agenda contempla reuniones periódicas, evaluación de avances y ajustes en función de los resultados obtenidos. El objetivo es evitar que las decisiones queden en anuncios sin ejecución.
Además, se estableció que las demandas del departamento deben ser atendidas con respuestas verificables. “Se exigen soluciones concretas y no solo promesas”, afirmó Aponte al referirse al periodo de gestión 2026-2031. Entre las prioridades identificadas se encuentran el impulso al aparato productivo, la atención a necesidades sociales urgentes y la reactivación de áreas consideradas rezagadas.
El documento también fija una línea de acción frente a posibles incumplimientos. Las instituciones acordaron mantener diálogo permanente con las autoridades, pero advirtieron que, si no se respetan los compromisos, se activarán denuncias públicas y otras medidas.
“El diálogo es clave para construir un Beni próspero y unido”, sostuvo el dirigente, al precisar que la relación con las autoridades estará marcada por la exigencia y la vigilancia institucional.
El encuentro concluyó con un punto de partida claro: una agenda consensuada, basada en información técnica y respaldada por sectores representativos del departamento. A partir de ahora, el foco estará en la ejecución y en la capacidad de las autoridades para responder a las demandas planteadas por la propia institucionalidad beniana.