Dirigentes sindicales y parlamentarios denunciaron que el Gobierno intenta silenciar las protestas mediante procesos judiciales y amenazas de detención, mientras crece el malestar social por la crisis económica y política.

Las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes sindicales y legisladores que cuestionan al Gobierno provocaron una ola de rechazo en organizaciones sociales y sectores movilizados, que acusan al Ejecutivo de impulsar una ofensiva política para frenar las protestas y debilitar la presión popular en las calles.
El senador Nilton Condori aseguró que existe una disposición para detenerlo apenas sea encontrado por efectivos policiales. Según denunció, la decisión surge después de sus intervenciones en la Asamblea Legislativa y de sus críticas a los privilegios económicos de las altas autoridades.
“El delito es pedir que se reduzcan los salarios y exigir que cumplan lo que prometieron”, sostuvo el legislador, quien afirmó que continuará denunciando irregularidades pese a las amenazas judiciales. También remarcó que las acciones no están dirigidas únicamente contra él, sino contra dirigentes sindicales y representantes sociales que encabezan movilizaciones en distintos departamentos del país.
“No me van a doblegar”, declaró Condori, al señalar que las órdenes de captura reflejan el nerviosismo del Gobierno frente al crecimiento de las protestas y el descontento ciudadano. Las declaraciones del senador fueron difundidas mientras continúan los bloqueos y marchas impulsadas por sectores laborales y populares.
El dirigente sindical Mario Argollo también aparece entre los señalados por las investigaciones abiertas tras las movilizaciones. Diversos sectores consideran que las acusaciones buscan instalar miedo entre los dirigentes que mantienen las medidas de presión.
Las críticas más duras llegaron desde el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, quien cuestionó abiertamente las decisiones del Ejecutivo y pidió la anulación inmediata de las órdenes de aprehensión. Afirmó que la criminalización de dirigentes sociales solamente incrementará el conflicto.
“¿Desde cuándo reclamar por el pueblo convierte a alguien en delincuente?”, reclamó Solares al referirse a las medidas judiciales. El exdirigente sostuvo que la utilización de policías y fiscales contra representantes sindicales demuestra que el Gobierno optó por la presión antes que por el diálogo.
Solares advirtió además que cualquier intento de imponer un estado de excepción o estado de sitio podría generar una reacción todavía más dura de los sectores movilizados. Según manifestó, el pueblo no abandonará las protestas mientras persistan la crisis económica, el incremento del costo de vida y las denuncias de incumplimientos gubernamentales.
Las organizaciones sociales que participan de las movilizaciones denunciaron que existe una persecución dirigida contra voces críticas, especialmente contra dirigentes que exigen cambios políticos y medidas urgentes para enfrentar la situación económica. También señalaron que las amenazas de detención buscan desgastar las protestas y dividir a los sectores movilizados.