Docentes urbanos y rurales sostienen que el Decreto Supremo 5621 no respeta lo firmado con el Ministerio de Educación sobre el Bono Gestión de Aula y denuncian que el esquema aprobado cambia lo pactado en negociación.

El magisterio urbano y rural de Bolivia mantuvo su rechazo al Decreto Supremo 5621 que crea el Bono Gestión de Aula 2026, al considerar que su contenido no corresponde al acuerdo firmado previamente con el Ministerio de Educación. Las organizaciones docentes afirman que el documento oficial introduce modificaciones en aspectos centrales del beneficio económico y altera lo comprometido en las mesas de negociación.
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia señaló que el decreto cambia el esquema de financiamiento del bono de 2.400 bolivianos por maestro, establecido inicialmente como un compromiso del nivel central del Estado. Según el sector, el acuerdo previo contemplaba la garantía de recursos sostenidos para asegurar el pago sin trasladar responsabilidades a otras instancias.
El Decreto Supremo 5621 dispone que durante la gestión 2026 el bono será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación, pero establece que a partir de 2027 el pago deberá ser asumido por las direcciones departamentales de educación mediante la incorporación del gasto en sus presupuestos institucionales. Para el magisterio, esta disposición modifica el alcance del acuerdo firmado al trasladar la responsabilidad financiera a las gobernaciones sin una transferencia adicional definida.
Dirigentes sindicales afirmaron que la revisión del texto permitió constatar diferencias entre lo acordado en reuniones previas y lo finalmente aprobado por el Órgano Ejecutivo. Indicaron que estas variaciones no fueron socializadas con las bases del magisterio ni con sus organizaciones representativas antes de su publicación oficial, lo que generó el rechazo del sector.
Durante concentraciones realizadas en la ciudad de El Alto, los docentes expresaron su desacuerdo con la forma en que fue estructurada la norma y señalaron que el decreto no refleja el contenido del acuerdo firmado con el Ministerio de Educación. Las movilizaciones incluyeron pronunciamientos en los que se exigió respeto a lo pactado en el proceso de negociación.
El sector docente también observó que varias gobernaciones enfrentan limitaciones financieras que podrían dificultar la aplicación del bono a partir de 2027. Según los representantes del magisterio, este punto evidencia una falta de previsión en la sostenibilidad del beneficio y genera incertidumbre sobre su continuidad en el tiempo.