La nueva propuesta legislativa sobre inamovilidad laboral redefine requisitos de acceso en el sector público y deja fuera situaciones de salud que no cuenten con certificación oficial de discapacidad.

El Proyecto de Ley N° 338/2025-2026 continúa su tratamiento en la Asamblea Legislativa con una propuesta que introduce modificaciones al régimen de inamovilidad laboral en el sector público. El documento plantea un rediseño de los criterios de acceso al beneficio, centrado en la certificación de discapacidad y en la regulación del uso del derecho cuando existe cuidado de personas dependientes.
El texto establece como finalidad “establecer medidas estrictas de control, fiscalización y sanción respecto del ejercicio del derecho a la inamovilidad laboral de las servidoras y servidores públicos que aleguen dependencia y cuidado de una persona con discapacidad”, incorporando además la intención de “erradicar el abuso de derecho, la duplicidad de beneficios y el fraude a la administración pública”.
En el Artículo 5, la propuesta fija un requisito central para acceder a la inamovilidad laboral. Señala que “para que el servidor o servidora público/a con discapacidad o el familiar responsable (de primer grado o tutor judicial) acceda al beneficio de inamovilidad laboral, deberá demostrar mediante el Carnet de Discapacidad oficial y vigente que la limitación y discapacidad calificada es superior al cincuenta por ciento (50%) de compromiso funcional”. Este parámetro establece un filtro único basado en el grado de discapacidad certificado.
La norma también introduce cambios en la forma de aplicación del beneficio dentro de los núcleos familiares. El Artículo 7 dispone que “bajo ningún motivo más de un servidor público o trabajador podrá beneficiarse de la inamovilidad laboral o trato preferente invocando el cuidado de la misma persona con discapacidad”. Con esta disposición, se limita la posibilidad de que dos o más personas accedan a la protección laboral por una misma situación de dependencia familiar.
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es la delimitación del universo de personas protegidas. El texto concentra el acceso al beneficio exclusivamente en quienes cuenten con certificación de discapacidad vigente y superior al 50%, dejando fuera otros supuestos que no se encuentren dentro de esa categoría administrativa.
En ese marco, el proyecto no contempla de forma expresa situaciones vinculadas a enfermedades graves, crónicas o terminales que no estén registradas como discapacidad bajo el sistema oficial. Esta ausencia normativa genera un vacío en la cobertura de trabajadores que atraviesan tratamientos prolongados o condiciones médicas de alta complejidad sin calificación de discapacidad reconocida.
El alcance de la propuesta también impacta en casos de servidores públicos que tienen a su cargo familiares con diagnósticos severos, pero que no cumplen con los requisitos de certificación establecidos en la norma. En esos escenarios, el acceso a la inamovilidad laboral quedaría condicionado exclusivamente a la existencia del carnet oficial correspondiente.
El Proyecto de Ley N° 338/2025-2026 se encuentra actualmente en etapa de revisión en comisión legislativa. Su tratamiento continuará con análisis técnico y político antes de su eventual ingreso al pleno de la Asamblea Legislativa, instancia en la que podría ser modificado, ajustado o aprobado en su versión final dentro del proceso normativo en curso.