La abrogación del Decreto Supremo 5615 elimina la protección estatal del área y cambia el esquema de control previo sobre un territorio con interés minero en Potosí

El Gobierno dejó sin efecto el Decreto Supremo N° 5615, norma que había declarado Reserva Fiscal Minera el área de Chuquihuta, en el departamento de Potosí. La disposición fue promulgada el pasado 29 de junio con el decreto 5641.
Con esta decisión, el área pierde la condición de reserva fiscal minera, figura que obligaba a mantener el control estatal previo sobre el territorio antes de cualquier asignación de derechos de exploración o explotación.
El decreto ahora abrogado había establecido que el Estado, mediante entidades técnicas especializadas, realizara estudios geológicos en la zona con el fin de determinar su potencial mineral antes de abrir el área a terceros. Ese procedimiento queda sin efecto.
A partir de la eliminación de la norma, Chuquihuta retorna al régimen general previsto en la Ley Minera, lo que permite que el área sea objeto de solicitudes de derechos mineros bajo los mecanismos administrativos habituales.
La decisión se produce luego de un acuerdo entre el Órgano Ejecutivo y la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, que incluyó la abrogación del DS 5615 dentro de los compromisos asumidos tras negociaciones con el sector movilizado.
Ese acuerdo contempló una serie de medidas orientadas a modificar condiciones de acceso a áreas mineras y ajustar procedimientos vinculados a la otorgación de derechos de explotación, entre ellas la eliminación de figuras de reserva fiscal en determinados territorios.
Con la abrogación, el Estado deja de aplicar el esquema de evaluación previa obligatoria que limitaba la intervención de actores externos mientras se desarrollaban estudios técnicos oficiales en el área.
El cambio normativo también implica que las entidades estatales dejan de contar con la exclusividad para realizar prospección en la zona bajo el régimen de reserva, lo que reduce la fase de control técnico previo sobre el potencial del subsuelo.
En términos administrativos, el área queda disponible para que cooperativas y otros actores del sector minero presenten solicitudes de exploración o explotación bajo los procedimientos establecidos en la normativa vigente, sin la condición de reserva fiscal que restringía ese acceso.
La eliminación del decreto modifica la secuencia de intervención estatal en la planificación minera del área, al suprimir la etapa en la que el Estado definía, mediante estudios propios, la viabilidad de otorgar derechos sobre el territorio.