La dirigencia social denuncia que los procesos judiciales contra representantes indígenas buscan sembrar temor y neutralizar los reclamos de los trabajadores del campo.

El arresto del líder de la federación Túpac Katari encendió las alarmas en el movimiento campesino. Nelson Virreyra acusó a la administración actual de ejecutar un plan sistemático para acallar la disidencia sindical a través de detenciones de carácter netamente político.

Para el sector, la reclusión de Salazar es una acción punitiva que intenta frenar la movilización de las organizaciones de base frente a la crisis generalizada que vive el país. El portavoz campesino repudió el uso de la justicia penal como un mecanismo de censura social.

“El d3lit0 que hemos cometido es haber alzado la voz, nos hemos levantado contra este gobierno tir4no”, enfatizó Virreyra, añadiendo que la detención busca atemorizar a las bases agrarias: “señores indígenas, campesinos y obreros, prohibido levantar la voz porque les va a ir igualito que a Vicente Salazar”.

El dirigente exhortó a los gobernantes a paralizar la presión política sobre el sector, remarcando que el malestar colectivo podría derivar en protestas masivas: “octubre es un mes combativo, en octubre se han sacado muchos presidentes”.