Los vocales del TDJ del Beni formalizaron una denuncia penal contra dos magistrados de Santa Cruz por la admisión de un amparo constitucional cuya competencia territorial es cuestionada.

Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, Charles Mejía y Patricia Quinteros, anunciaron este viernes la presentación de una denuncia penal contra los vocales de la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz, Aldo Quesada Cerruti y Cruz Limachi. La acción fue planteada por los presuntos delitos de prevaricato y de emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, debido a la admisión de una acción de amparo constitucional cuya competencia territorial es observada por las autoridades benianas.
Charles Mejía explicó que la decisión de acudir al Ministerio Público fue asumida después de conocer, mediante publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales, que la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz admitió un amparo constitucional presentado por Rafael Saavedra Arteaga.
Según el vocal, la normativa vigente establece que ese recurso debía ser conocido en Trinidad, ya que tanto las autoridades demandadas como los hechos expuestos en la acción constitucional corresponden al departamento del Beni. A su juicio, la intervención de una sala constitucional asentada en Santa Cruz no se ajustaría a las reglas de competencia definidas por la legislación boliviana.
Mejía sostuvo que la denuncia penal busca que la Fiscalía investigue la actuación de ambos vocales y determine si existió la comisión de los delitos denunciados. Indicó que la presentación de la acción responde a la necesidad de que el procedimiento sea revisado por las instancias competentes y se establezca si fueron respetadas las disposiciones legales aplicables en este caso.
Durante su declaración también afirmó que existen elementos que deberán ser verificados por el Ministerio Público respecto a la situación de uno de los vocales denunciados. Señaló que, de acuerdo con la información obtenida, uno de ellos presuntamente se encontraba fuera del país cuando fue emitido el auto de admisión del amparo constitucional, aspecto que, dijo, corresponde esclarecer mediante la investigación.
El vocal añadió que esperan una respuesta oportuna de la Fiscalía y recordó que los funcionarios denunciados «no tienen ningún fuero especial», por lo que consideró que la investigación debe desarrollarse bajo los mismos parámetros aplicados en otros procesos relacionados con conflictos de competencia entre autoridades judiciales.
Por su parte, la presidenta del TDJ del Beni, Patricia Quinteros, informó que hasta el momento esa institución no recibió ninguna notificación oficial relacionada con la resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz. Precisó que toda la información conocida hasta ahora proviene de publicaciones difundidas en plataformas digitales y medios de comunicación.
«Como toda persona apegada a la ley tenemos que esperar las notificaciones respectivas para poder asumir una postura», manifestó Quinteros al referirse al estado actual del proceso.
La autoridad señaló además que, mientras no exista una comunicación formal conforme al procedimiento legal, continúa ejerciendo la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del Beni y que las actividades institucionales se desarrollan con normalidad.
Quinteros indicó que el pleno del TDJ mantiene el desarrollo de sus funciones y reiteró que la labor de la institución está orientada a preservar la independencia judicial y garantizar una administración de justicia imparcial.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público solicita que se investigue la legalidad de la actuación de los vocales Aldo Quesada Cerruti y Cruz Limachi durante la tramitación del amparo constitucional y que, una vez concluida la investigación, se establezcan las responsabilidades que correspondan conforme a la legislación vigente.