Mientras Bolivia insiste en que no existen pruebas concluyentes, la investigación penal en Chile incorpora nuevos antecedentes científicos que mantienen abierta la causa por tráfico internacional de drogas mediante cargamentos de madera.
Con datos de www.elmostrador.cl
La investigación por las denominadas «narcomaderas» continúa sumando elementos que ponen en cuestión la postura asumida por el Gobierno boliviano. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota mantiene bajo reserva parte de las diligencias, pero los antecedentes que han trascendido muestran que el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile analizó más de 500 muestras extraídas de los cargamentos retenidos en el puerto de Arica y que el 98% presentó presencia de clorhidrato de cocaína, pasta base y ketamina.
Esos resultados forman parte del proceso penal abierto en Chile por presunto narcotráfico internacional y contrastan con la posición oficial expresada desde Bolivia, donde distintas autoridades sostuvieron que las investigaciones realizadas en el país no demostraron la existencia de sustancias controladas en las exportaciones de madera.
La Fiscalía chilena evitó profundizar públicamente sobre la investigación. Mediante un comunicado informó que las diligencias siguen en desarrollo y que, mientras no concluyan las actuaciones investigativas, no entregará nuevos antecedentes.
Sin embargo, información conocida en las últimas horas permite reconstruir parte del trabajo realizado por el Ministerio Público chileno antes de llegar a las conclusiones preliminares. La investigación comenzó con el análisis de la documentación que acompañaba las exportaciones, donde se detectaron inconsistencias que motivaron una revisión más exhaustiva de determinados contenedores.
Una vez seleccionados los cargamentos considerados sospechosos, fueron inspeccionados mediante perros detectores de drogas, que marcaron positivamente la presencia de sustancias ilícitas. Posteriormente se realizaron pruebas de campo y finalmente se extrajeron muestras que fueron enviadas al Instituto de Salud Pública para su correspondiente análisis de laboratorio.
Con el propósito de despejar cualquier duda sobre la confiabilidad del procedimiento, el fiscal regional viajó hasta Santiago para conocer directamente la metodología aplicada por el ISP. De acuerdo con los antecedentes del caso, ese protocolo difiere del utilizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, aspecto que podría explicar las diferencias entre los resultados obtenidos por ambos países.
Durante la investigación también surgió la posibilidad de realizar pericias paralelas. Trascendió que la Drug Enforcement Administration (DEA) planteó esa alternativa, aunque la Fiscalía chilena decidió mantener su procedimiento y ofreció, en cambio, que los interesados conocieran las instalaciones y el sistema de análisis utilizado por el Instituto de Salud Pública.
Mientras las pericias continúan avanzando en Chile, el Gobierno boliviano endureció su posición. El presidente Rodrigo Paz Pereira defendió públicamente al sector exportador y anunció acciones para reparar el perjuicio ocasionado a la industria maderera. «El daño que se ha hecho es muy grande», afirmó, al considerar que las denuncias afectaron a empresas con décadas de presencia en mercados internacionales.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, manifestó que las investigaciones impulsadas por Bolivia aún no establecen que hubiera tráfico de sustancias controladas mediante cargamentos de madera. «No queremos ser irresponsables con aquellas personas que ponen el hombro al país», sostuvo, al explicar que continúan desarrollándose pericias tanto nacionales como internacionales.
Las declaraciones oficiales bolivianas fueron respondidas desde Chile. El delegado presidencial de Arica rechazó la posibilidad de ofrecer disculpas por el operativo y sostuvo que las 1.080 toneladas de madera permanecen bajo investigación judicial. Además, cuestionó que se comparen análisis realizados en aserraderos bolivianos con las pruebas efectuadas directamente sobre la carga retenida en territorio chileno.
«Los análisis que dieron negativo se hicieron en aserraderos bolivianos, no sobre la carga que está retenida en territorio chileno. Es decir, comparan peras con manzanas y después salen a exigir disculpas que no corresponden», declaró la autoridad chilena.
La controversia también alcanzó al ámbito político luego de que el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes Muñoz, acusara al fiscal regional de Arica de utilizar la investigación con intereses personales. Pese a esos cuestionamientos, la Fiscalía chilena mantiene inalterable su posición: la causa sigue abierta, las diligencias continúan y los antecedentes científicos obtenidos hasta el momento forman parte de la investigación penal que aún no ha concluido.
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