El decomiso de 200 kilos de oro evitó su salida hacia Brasil y abrió una investigación para identificar a todos los responsables de una operación millonaria.

El intento de sacar de Bolivia 200 kilogramos de oro, con un valor estimado de 25 millones de dólares, fue interrumpido durante un operativo realizado en el aeropuerto internacional de Viru Viru, donde la Policía detectó presuntas irregularidades en la documentación presentada para embarcar el cargamento en un vuelo chárter con destino a São Paulo, Brasil. El caso ahora concentra la atención en la procedencia del mineral, la autenticidad de los documentos utilizados y la posible participación de una organización detrás de la operación.
El procedimiento comenzó alrededor de las 00:30 de este miércoles, cuando personal de NAABOL solicitó apoyo policial tras advertir la presencia de cuatro maletas, similares a cajas de herramientas y debidamente precintadas, que pasaban por el área de inspección de Rayos X. La revisión permitió establecer que en su interior se encontraba el oro.
Las investigaciones preliminares identifican a Adrián Lema Roca como la persona que tenía bajo su responsabilidad el cargamento. En el lugar también se encontraban Lucas Manuel Muñoz, señalado como funcionario de la Aduana; un técnico en procesamiento del contrabando, además de Luis Enrique Rivero Sotelo, gerente comercial del vuelo chárter que debía trasladar la carga hasta territorio brasileño.
Durante las verificaciones realizadas por los investigadores surgieron observaciones sobre la documentación presentada para justificar el traslado del mineral. Según el reporte inicial, los documentos exhibidos fueron atribuidos a la Aduana Nacional; sin embargo, las inconsistencias detectadas motivaron una revisión adicional con el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).
Esa verificación estableció que el código QR incorporado en la documentación era falso, situación que impidió la continuación del proceso de embarque. El hallazgo también abrió otra línea de investigación destinada a determinar cómo esos documentos lograron superar etapas previas de control sin que se detectaran las presuntas irregularidades.
Con esos antecedentes, la Policía procedió a la aprehensión de Lema Roca y al secuestro de las cuatro maletas que contenían los 200 kilogramos de oro. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades aún aguardaban un informe oficial que detalle el alcance de las investigaciones y la situación legal de las demás personas que estuvieron presentes durante el procedimiento.
La dimensión económica del cargamento convierte el caso en una investigación de mayor alcance. Un envío de esa magnitud requiere una cadena de coordinación que comprende la obtención del mineral, su almacenamiento, transporte, documentación y logística para su exportación. Por ello, las pesquisas buscan identificar quién era el propietario del oro, quién financió la operación, cómo llegó hasta el aeropuerto y quién debía recibirlo en Brasil.
Otro aspecto que será objeto de análisis corresponde al funcionamiento de los controles institucionales. La investigación deberá establecer si existieron errores administrativos, negligencia o posibles responsabilidades de servidores públicos que permitieron que documentación posteriormente observada continuara su curso dentro del procedimiento previo al embarque.
Mientras avanzan las diligencias, el caso deja abiertas varias interrogantes sobre la estructura que habría organizado la operación. Las autoridades deberán determinar si el cargamento respondía a una acción aislada o si formaba parte de una red dedicada al traslado ilegal de oro, además de identificar a todos los participantes que pudieron intervenir antes de que la carga fuera interceptada en Viru Viru.