EL SICARIATO DESNUDA LA INSEGURIDAD EN EL GOBIERNO DE RODRIGO PAZ

Ago 19, 2026

Por Marco Antonio Santivañez Soria
Periodista internacionalista

Nadia Beller recibió tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz. Dos hombres vestidos como repartidores llegaron en motocicleta y le dispararon. Ella sobrevivió, pero el ataque volvió a colocar una palabra que el país ya escucha con demasiada frecuencia: SICARIATO.
Este caso tiene una particularidad que debería preocupar todavía más al Gobierno: ocurre en Santa Cruz, el departamento donde la violencia criminal viene creciendo y donde los asesinatos por encargo y los ajustes de cuentas dejaron de ser historias que uno escucha solamente de zonas fronterizas.
En nueve meses y 11 días del gobierno de Rodrigo Paz, el registro que tenemos contabiliza 38 hechos violentos y 42 muertos. No son números para llenar una página. Son personas asesinadas en circunstancias que, en buena parte de los casos, tienen como explicación el sicariato, las disputas criminales y los ajustes de cuentas.
Entonces corresponde preguntar, sin vueltas:
¿Qué está haciendo el Estado?
¿Qué está haciendo la Policía?
¿Qué está haciendo el Ministerio de Gobierno?
¿Dónde están los resultados de las investigaciones?
¿Quiénes ordenaron esos asesinatos?
¿Quiénes pagan a los sicarios?
¿De dónde salen las armas?
¿Quién facilita los vehículos, las rutas de escape y la información sobre las víctimas?
Y una pregunta todavía más incómoda: ¿por qué los criminales parecen saber más de los movimientos de sus objetivos que la propia Policía?
San Matías es la respuesta más dolorosa, que, en apenas tres semanas, seis personas murieron en hechos violentos. Hubo una matanza en una propiedad, el asesinato del subteniente Yerson Salazar cuando iba a investigar esos crímenes y después otra balacera dentro de una barbería.
El propio Gobierno atribuyó esta escalada a una disputa entre el Comando Vermelho y el PCC por rutas utilizadas para sacar droga hacia el exterior.
Es decir, el Gobierno sabe que detrás de la violencia hay organizaciones criminales y una pelea por territorio y rutas.
Entonces, ¿por qué seguimos contando muertos?
Ahí está el fracaso que no puede esconderse detrás de una conferencia de prensa.
Y APARECIÓ “FRONTERA SEGURA”.
El Gobierno decidió presentar el programa el 13 de agosto en Guayaramerín, Beni, con la promesa de desplegar unidades especializadas y tropas de élite en distintos puntos fronterizos, incluidos San Matías, San Ignacio y Puerto Suárez.
Pero aquí hay algo que no deja de llamar la atención.
Mientras los lugares más golpeados por la violencia estaban en Santa Cruz, el Gobierno escogió Guayaramerín para hacer la presentación política del programa.
Guayaramerín no es el problema que encendió las alarmas nacionales en las últimas semanas.
Los focos más graves estaban en San Matías, San Ignacio de Velasco y Puerto Quijarro, precisamente en el corredor donde la violencia vinculada al crimen organizado viene generando preocupación.
En San Ignacio, por ejemplo, ya se habían registrado cinco asesinatos desde el inicio de la gestión y especialistas advertían de una disputa entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Entonces resulta inevitable decirlo como lo diría cualquier ciudadano: ¿para qué presentar la solución lejos de donde está ardiendo el problema?
La fotografía política se hizo en Guayaramerín, pero los muertos estaban en Santa Cruz.
Eso hace que “Frontera Segura” corra el riesgo de convertirse en un anuncio bonito, una puesta en escena que sirve para mostrar que el Gobierno está haciendo algo, pero que todavía no demuestra que puede controlar la situación.
En Bolivia tenemos una expresión para eso: un saludo a la bandera.
Y parece que este programa terminará siendo eso.
Porque después del lanzamiento, la violencia no desapareció. San Matías volvió a registrar una balacera y un muerto el 14 de agosto. La propia prensa reportó que en tres semanas ya eran seis las víctimas mortales en ese municipio.
Cobija el pasado 17 de agosto registró dos muertos.
Entonces, ¿qué frontera segura estamos construyendo?
¿Una frontera segura para el ciudadano o solamente una frontera con más anuncios?
El Gobierno puede decir que recibió una Policía debilitada. Puede decir que el crimen organizado creció durante años. Puede hablar de la necesidad de cooperación con Brasil. Todo eso puede ser cierto.
Pero Rodrigo Paz ya lleva nueve meses y 11 días gobernando.
Y gobernar significa responder por lo que ocurre durante el propio mandato.
No se puede pasar todo el tiempo mirando hacia atrás.
El problema es que tampoco vemos una política nacional de seguridad claramente definida. Vemos operativos después de los asesinatos. Vemos refuerzos después de las emboscadas. Vemos nuevos planes después de las balaceras.
Pero la ciudadanía quiere saber dónde está la prevención.
Dónde está la inteligencia policial.
Dónde está el seguimiento a las organizaciones criminales.
Dónde está el trabajo para cortarles el dinero.
Dónde están las investigaciones que lleguen hasta quienes mandan y no solamente hasta quienes aprietan el gatillo.
Porque detener al sicario no significa desarmar al grupo criminal.
El sicario es el último eslabón.
El verdadero poder está arriba.
Y ahí es donde el Ministerio de Gobierno tiene que mostrar resultados.
No basta con anunciar que se capturó a uno, dos o diez sospechosos. La pregunta es quién ordenó los asesinatos y quién financia esas operaciones.
BOLIVIA NO PUEDE ACOSTUMBRARSE A VIVIR ASÍ
No puede ser normal que una persona sea seguida, secuestrada y ejecutada. No puede ser normal que aparezcan cuerpos con signos de tortura. No puede ser normal que un grupo armado pueda emboscar a un policía que va a investigar un crimen. No puede ser normal que un sicario ingrese a una barbería, dispare contra una persona y desaparezca.
Y tampoco puede ser normal que un ataque como el sufrido por Nadia Beller ocurra en plena Santa Cruz y termine convirtiéndose en otra página de sucesos.
El sicariato se está adueñando de Bolivia.
Y cuando el sicariato empieza a ganar terreno, el ciudadano deja de preguntarse solamente quién será la próxima víctima.
Empieza a preguntarse algo mucho más grave:
¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN LAS CALLES?

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