La conducción de motocicletas por menores se volvió una práctica frecuente en Trinidad, pese a restricciones legales, riesgos de accidentes y responsabilidades civiles que también alcanzan directamente a sus familias.

Javier (nombre ficticio) tenía 14 años cuando murió sobre una motocicleta en una calle de Trinidad. La conducía como lo hacía habitualmente: para ir al colegio, para llevar a su hermana menor a la escuela y para movilizarse por la ciudad. Aquella tarde circulaba por la avenida 6 de Agosto cuando otro adolescente, al mando de un vehículo de cuatro ruedas, cruzó una intersección sin respetar el semáforo. El impacto terminó con su vida.
El otro menor tampoco tenía autorización para conducir y fue detenido preventivamente.
La muerte de Javier expuso una situación que en Trinidad dejó de ser excepcional. Niños y adolescentes conducen motocicletas por calles y avenidas de la ciudad con el consentimiento de sus familias, muchas veces sin contar con una autorización legal y sin haber cumplido los requisitos establecidos para manejar de manera provisional.
No se trata solamente de quienes aparecen en un accidente. Es una práctica que puede verse en los desplazamientos cotidianos: menores que van solos al colegio, que llevan a un hermano, que hacen compras o que salen con amigos en una motocicleta familiar. Con el tiempo, la presencia de un niño sobre una moto puede terminar siendo aceptada dentro de la propia casa como parte de la rutina.
LA COSTUMBRE EMPIEZA MUCHO ANTES DEL ACCIDENTE
Rosalía Gonzales Ayala, jefa de la Unidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, describe esa realidad desde el trabajo que realiza en Trinidad. “En Trinidad y en el Beni se ha hecho normal que los niños desde los 10 años de edad ya estén conduciendo motos”, afirmó.
La edad convierte esa práctica en un problema que va más allá de una infracción de tránsito. Un niño puede aprender a controlar una motocicleta y desplazarse por una calle sin necesariamente tener los conocimientos necesarios para reaccionar ante una situación de emergencia, interpretar correctamente las normas de circulación o calcular el riesgo que supone compartir la vía con otros vehículos.
Gonzales Ayala advierte precisamente sobre ese punto. Los menores, explicó, “están en riesgo de sufrir algún accidente de tránsito por la falta de experiencia y conocimientos de las leyes de tránsito”.
En el caso de Javier, esa experiencia había empezado años antes de la tragedia. La motocicleta formaba parte de sus recorridos diarios y no era una actividad ocasional. El accidente ocurrió después, cuando esa costumbre ya estaba instalada en su vida.
La situación también alcanza a los adultos que permiten que un menor conduzca. Para la Defensoría, la responsabilidad no desaparece porque sea el adolescente quien esté sobre la motocicleta. “Los padres son los directos responsables por los daños que podrían tener u ocasionar por algún menor de edad que cause un accidente de tránsito”, sostuvo Gonzales Ayala.
La responsabilidad familiar tiene además una dimensión concreta en la normativa vigente.
A LOS 16 AÑOS NO BASTA CON TENER UNA MOTO
Desde abril de 2025 existe en Bolivia un mecanismo que permite a jóvenes de 16 y 17 años obtener una autorización provisional para conducir. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5364, pero no significa que cualquier adolescente pueda manejar automáticamente al cumplir 16 años.
La norma creó dos subcategorías. La JM, denominada Joven Motociclista, comprende motocicletas, triciclos y cuadriciclos. La JP, Joven Particular, permite conducir automóviles, camionetas y vagonetas de uso particular con capacidad de hasta siete personas, incluido el conductor. La autorización tiene vigencia desde su emisión hasta que el joven cumple 18 años.
Para conseguirla se necesita algo que en las calles no siempre está presente: un procedimiento previo.
El adolescente debe contar con la autorización de uno de sus padres, guardadores o tutores, tener su registro y cédula consolidados y sin observaciones, acreditar capacitación de conducción, aprobar un examen de habilidades supervisado por el SEGIP, presentar certificado médico, evaluación psicológica y antecedentes policiales de la FELCN, FELCC y Tránsito.
Además, el permiso es exclusivamente para uso particular. No habilita al menor para realizar servicios remunerados.
La norma también deja expresamente involucrados a los padres o tutores. El adulto que autoriza al joven debe tramitar la autorización ante el SEGIP y queda registrado en el documento. El decreto establece responsabilidad civil respecto al titular por infracciones, contravenciones, daños o faltas.
Eso marca una diferencia importante con lo que ocurre cuando un menor simplemente recibe las llaves de una motocicleta familiar y sale a la calle.
TRÁNSITO ENCUENTRA UNA REALIDAD MÁS AMPLIA
El problema no se limita a los adolescentes. En los controles realizados en Trinidad, la Policía encuentra también a numerosos adultos que conducen sin licencia.
El director de Tránsito Beni, teniente coronel DEAP Aldo Rubin De Celis, señaló que “en los operativos de control que realiza la Policía Boliviana en Trinidad, lamentablemente, los mayores infractores por no portar licencia de conducir son muchos más que los menores que conducen una motocicleta”.
La afirmación pone el caso de los menores dentro de un problema más amplio: conducir sin autorización no es una conducta exclusiva de quienes todavía no alcanzaron la mayoría de edad.
De Celis también informó sobre un accidente reciente ocurrido en Trinidad, en el que estuvieron involucrados un adolescente de 17 años y una mujer de 26. La colisión fue frontal y ninguno de los dos tenía licencia de conducir. El caso pasó al Ministerio Público y las personas afectadas recibían tratamiento médico.
“Actualmente hay un caso de una colisión frontal de un menor de edad de 17 años y una persona adulta de 26 años, ninguno de los dos portaba licencia de conducir. Este caso está en el Ministerio Público y los afectados se encuentran con tratamiento médico por el accidente”, informó.
Para Tránsito, la dimensión del riesgo no está únicamente relacionada con la edad. “El porcentaje de las personas que manejan un vehículo no tienen licencia de conducción. Una movilidad puede ser un arma letal que puede destruir familias de los benianos”, afirmó De Celis.
La Policía intenta abordar la situación también desde la prevención. En lugar de comenzar los controles con una confrontación directa con las familias, Tránsito lleva campañas de información a colegios y otros espacios.
“Para no tener una confrontación directa con los padres de familia, primero hacemos campañas de información y concientización a la sociedad en general, principalmente en los colegios”, explicó el jefe policial.
El objetivo es que los padres conozcan que permitir que un menor conduzca no los deja al margen de las consecuencias.
EL ACCIDENTE TAMBIÉN PUEDE LLEGAR A LA FAMILIA
Hay otra consecuencia que aparece después del choque, cuando comienzan las investigaciones y se determina quién conducía y bajo qué condiciones.
El SOAT tiene como finalidad cubrir a las víctimas de accidentes de tránsito y las motocicletas también están obligadas a contar con este seguro. La normativa establece indemnizaciones y atención para las personas afectadas; por eso, la ausencia de licencia no significa que una víctima quede automáticamente sin cobertura.
Pero existe una diferencia entre la cobertura a la víctima y las consecuencias para quien provocó el accidente.
El Reglamento Único del SOAT establece un derecho de repetición para la aseguradora cuando, una vez comprobadas las circunstancias por la autoridad judicial, el conductor no demuestra tener una licencia vigente o cuando el conductor es menor de 18 años, entre otros supuestos. La aseguradora debe pagar primero las indemnizaciones correspondientes y puede posteriormente iniciar las acciones legales contra quien resulte civil o penalmente responsable.
Por eso, un accidente provocado por un menor que conduce sin la autorización correspondiente puede terminar involucrando también a los adultos responsables, además de las consecuencias que determine la investigación del hecho.
El casco representa otro punto que aparece constantemente en las calles. Su ausencia incrementa la posibilidad de sufrir lesiones graves en una caída o una colisión, aunque no debe confundirse esa infracción con una pérdida automática de la cobertura del SOAT.
La discusión vuelve entonces al momento anterior al accidente: quién entregó la motocicleta, quién permitió que el menor la utilizara, si tenía autorización para conducir y bajo qué condiciones salió a la calle.
LAS CALLES DONDE LA EDAD DEJA DE VERSE
En Trinidad, una motocicleta puede ser entregada a un adolescente para resolver una necesidad cotidiana. Ir al colegio, buscar a un hermano, hacer un mandado o simplemente desplazarse por la ciudad. Cuando esa práctica se repite durante meses o años, deja de parecer excepcional para quienes viven dentro de la familia.
Eso es precisamente lo que vuelve difícil identificar el riesgo antes de que ocurra un accidente.
Javier circulaba por la ciudad con una rutina que para él ya era conocida. La tarde en que murió no estaba realizando una maniobra extraordinaria ni participando necesariamente de una actividad fuera de lo habitual. Estaba sobre una motocicleta, en una calle de Trinidad, cuando otro adolescente apareció al mando de un vehículo y no respetó el semáforo.
La colisión ocurrió en segundos.
La investigación del caso continuó con el otro menor detenido preventivamente. En paralelo, la ciudad siguió viendo motocicletas atravesar sus calles, también conducidas por adolescentes que todavía no cumplen las condiciones exigidas para obtener una autorización provisional.
Y entre esas motos siguen apareciendo menores que salen de sus casas con las llaves entregadas por adultos, toman el manubrio y se incorporan al mismo tráfico donde, como ocurrió con Javier, un cruce puede cambiarlo todo.