Alberto Condori recibió el pliego petitorio de los privados de libertad y reclamó que ninguna institución asuma los cinco meses de deuda, mientras persisten carencias de agua y alimentación.

El delegado defensorial del Beni, Alberto Condori Castro, expresó su preocupación y molestia por la situación que atraviesan los internos del Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví, en Trinidad, donde cinco meses de prediarios permanecen impagos y las necesidades básicas de la población penitenciaria no están siendo atendidas.
Durante su visita al recinto, Condori recibió el pliego petitorio presentado por los privados de libertad, quienes denunciaron que no tienen garantizada su alimentación, carecen de un contrato para el suministro de agua potable y tampoco cuentan con un vehículo para trasladarse a audiencias judiciales o atender emergencias médicas.
La autoridad defensorial cuestionó que, pese a existir responsabilidades institucionales definidas, hasta ahora ninguna de las instancias involucradas haya resuelto quién debe cancelar los recursos pendientes.
CINCO MESES SIN RESPUESTA INSTITUCIONAL
«Hay una pugna de quién va a pagar los prediarios y por ello está habiendo conflictos, porque nadie está pagando este derecho de los privados de libertad», manifestó Condori, al explicar que la Gobernación debe hacerse cargo de las obligaciones acumuladas hasta septiembre, mientras que Régimen Penitenciario asumiría los gastos desde octubre.
La falta de una definición sobre los pagos anteriores mantiene a los internos en una situación de incertidumbre. El delegado defensorial consideró que las diferencias entre las instituciones no pueden convertirse en una justificación para dejar sin atención a quienes dependen de esos recursos para su alimentación.
Los representantes de los internos formalizaron su reclamo mediante un pliego petitorio que exige la cancelación de los cinco meses adeudados.
SIN AGUA Y SIN TRANSPORTE PARA EMERGENCIAS
El dirigente Velo, en representación de los privados de libertad, expuso ante Condori las dificultades que enfrentan dentro del establecimiento.
«No tenemos qué comer. Ya son cinco meses de adeudo de prediarios y no tenemos contrato del agua tampoco. No tenemos qué tomar agua», denunció.
También señaló que la falta de transporte perjudica a quienes deben acudir a sus audiencias judiciales, recibir atención médica o salir para cobrar la Renta Dignidad, especialmente los adultos mayores que permanecen recluidos.
Sobre el abastecimiento de agua, aseguró que los internos deben gestionar ayuda por su cuenta y afirmó que la directora del recinto apenas habría proporcionado 3.000 litros durante todo este tiempo.
El dirigente pidió además la renuncia de la actual responsable del penal, a quien acusó de no atender las necesidades de los internos y de poner obstáculos al ingreso de periodistas para que puedan hacer conocer sus reclamos.
DEFENSORÍA CONVOCA A LAS INSTITUCIONES
Frente a las denuncias, Condori anunció que solicitará una reunión entre la Gobernación del Beni y Régimen Penitenciario para establecer responsabilidades y encontrar una solución a los pagos pendientes.
«Con ese pedido de los privados de libertad llamamos a la Gobernación y también a Régimen Penitenciario a que se reúnan y ya diluciden esta situación. Tiene que alguien hacerse cargo del pago de estos prediarios adeudados», declaró.
La intervención defensorial se produce después de que el cambio normativo trasladara al Gobierno central la responsabilidad del financiamiento penitenciario, pero mantuviera en las gobernaciones las obligaciones anteriores a su aplicación.