Abogado del Beni solicita suspensión de magistrados y autoridades judiciales electas en 2024, denunciando posibles violaciones a derechos colectivos y afectación de la institucionalidad democrática del país.
Trinidad, Beni. Un nuevo recurso judicial ha encendido el debate sobre la permanencia de magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El abogado Percy Claure Cuellar presentó una acción popular que busca la suspensión inmediata de magistrados autoprorrogados y de autoridades elegidas en las elecciones judiciales de diciembre de 2024. La Sala Constitucional Segunda del Beni, presidida por el vocal Charles Mejía, tiene a su cargo la evaluación del caso, aunque la audiencia prevista fue postergada y el proceso continúa abierto.
El reclamo legal se centra en la presunta vulneración de derechos colectivos a la seguridad jurídica y a la institucionalidad democrática. Claure señala que los magistrados que se habrían autoprorrogado, entre ellos Gonzalo Hurtado, René Espada, Julia Cornejo, Karem Gallardo, Georgina Amusquivar y Brígida Vargas, no deberían ejercer funciones más allá del 31 de diciembre. La demanda solicita la nulidad de los actos emitidos después de esa fecha y que los magistrados electos en 2024 sean apartados de sus cargos, además de pedir a la Asamblea Legislativa que convoque un nuevo proceso de selección de magistrados del TCP en un plazo máximo de 90 días.
La noticia generó reacciones dentro del Órgano Judicial. Las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura manifestaron su preocupación por el efecto que la acción podría tener sobre la estabilidad institucional. Laura subrayó un posible conflicto de intereses, al señalar que Claure es abogado del vocal Mejía, quien preside la sala que tramita el recurso. “Este señor Claure es abogado del señor Charles Mejía. Hay acciones de libertad y amparo constitucional presentadas que demuestran su relación directa con él”, declaró, según periódico La Patria.
Prudencio, en cambio, defendió la continuidad del proceso de preselección y la importancia de respetar la voluntad ciudadana. “Se pretende desconocer el voto popular alegando supuestas irregularidades durante la preselección”, afirmó, destacando la tensión entre la legalidad formal y la percepción social sobre el proceso judicial.
El contexto de esta acción se vincula también con discusiones sobre la reforma judicial y la intervención de la fuerza pública. Diputados que asumirán funciones en la próxima Asamblea Legislativa señalaron que cuentan con consensos para completar la elección judicial del TCP, aunque consideran la reforma judicial como alternativa. “Hay varias soluciones, pero la prioridad es garantizar el cumplimiento de la ley, incluso mediante fuerza pública si fuera necesario. Se tomará la decisión junto al presidente según criterios consensuados”, afirmó el diputado Alejandro Reyes a El Deber.
