La exmandataria fue condenada a diez años de prisión por asumir ilegalmente la presidencia del Senado y luego autoproclamarse presidenta del Estado boliviano en 2019.
La justicia boliviana ha dejado firme la condena contra Jeanine Áñez, ex presidenta autoproclamada del país, quien en 2019 tomó la presidencia del Senado y posteriormente se declaró presidenta del Estado, saltándose la línea sucesoria constitucional y cometiendo lo que los tribunales calificaron como un golpe de Estado. Esta sentencia ejecutoriada de 10 años de prisión por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes no admite apelaciones ni recursos legales internos, consolidando la responsabilidad de la exmandataria en la crisis política que sacudió al país tras la renuncia de Evo Morales.
En junio de 2022, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz dictó la condena en el marco del caso Golpe de Estado II, basándose en que Áñez no respetó la sucesión constitucional, y que su autoproclamación se realizó sin quórum legislativo suficiente, en un contexto de tensión política y social que derivó en conflictos y pérdidas humanas. La defensa presentó recursos ante el Tribunal Departamental y posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en diciembre de 2023 los rechazó, declarando infundado el recurso de casación. Con esto, la sentencia quedó ejecutoriada y firme.
La ex presidenta sostuvo durante el juicio que asumió el poder para “pacificar el país” y negó haber cometido irregularidades, argumentando que debía actuar ante la crisis institucional. Sin embargo, la justicia determinó que su proclamación no contaba con legitimidad, constituyendo un quiebre del orden democrático y la Constitución boliviana. La condena, por tanto, no se centra en decisiones políticas, sino en la vulneración formal de la ley y el orden institucional.
Paralelamente, Áñez enfrenta investigaciones por hechos relacionados con la violencia de noviembre de 2019, en particular las masacres de Sacaba y Senkata, donde militares y policías intervinieron con fuerza en protestas vecinales, causando decenas de muertos y heridos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), vinculado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó esos episodios como violaciones graves a los derechos humanos y exigió investigación y sanción a los responsables.
Recientemente, el Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto dispuso la anulación de obrados en el proceso por la masacre de Senkata y su remisión a la Fiscalía General del Estado para un eventual juicio de responsabilidades. Sin embargo, esta medida no afecta la sentencia ejecutoriada que pesa sobre Áñez por el golpe de Estado. David Inca, activista y representante de víctimas, cuestionó que los victimarios puedan presentar argumentos en su favor mientras las víctimas quedan desprotegidas, denunciando un precedente de impunidad.
En octubre de 2024, Áñez fue apartada de otro proceso denominado Golpe de Estado I, por cargos de terrorismo, sedición y conspiración, para evitar el doble juzgamiento sobre los mismos hechos que derivaron en la condena del Golpe II. No obstante, la Fiscalía apeló la decisión, dejando abierta la posibilidad de su reincorporación en el futuro.
El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, aseguró que se agotaron todos los recursos legales internos y que la defensa recurriría a instancias internacionales como la CIDH, sin embargo, las medidas solicitadas fueron desestimadas, confirmando la firmeza de la sentencia en Bolivia.
Este proceso judicial ha sido observado por organismos internacionales. En 2022, el relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, señaló que el caso evidenciaba “detenciones preventivas generalizadas” y llamó a garantizar un juicio justo, subrayando la relevancia de los derechos humanos en procedimientos de alta trascendencia política.