APREHENSIÓN DEL JUEZ QUIROGA GENERA RECHAZO DEL VICEPRESIDENTE LARA

Ene 21, 2026

Edmand Lara calificó de abuso de poder la detención del juez Michael Quiroga, advirtiendo que el hecho vulnera garantías judiciales y envía un mensaje de intimidación a operadores de justicia.


La aprehensión del juez Michael Quiroga, ocurrida este martes en el municipio cruceño de Cuatro Cañadas, provocó una inmediata reacción política. El vicepresidente Edmand Lara cuestionó públicamente el procedimiento y sostuvo que se trata de un acto desproporcionado que compromete la independencia judicial y la seguridad jurídica de magistrados en ejercicio.
Quiroga, titular del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero, fue detenido luego de admitir un recurso de amparo constitucional vinculado a la cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN). Tras su aprehensión, fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz bajo custodia policial, según confirmó el Ministerio Público.
El vicepresidente Lara afirmó que la sola admisión de un recurso no constituye delito y recordó que aceptar una acción constitucional no implica fallar a favor de quien la presenta. “Si un juez es detenido por cumplir su función, se deja sin garantías a todo el sistema judicial”, señaló. Además, expresó que no quiere creer que detrás del operativo exista presión política o injerencia del poder Ejecutivo.
Desde la Fiscalía, se informó que el juez es investigado por presuntamente haber actuado fuera de su competencia territorial y electoral. La acción se enmarca en una denuncia presentada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, ante el Consejo de la Magistratura. El TSE sostiene que Quiroga tramitó el amparo pese a una advertencia formal de declinatoria de competencia, emitida el 19 de enero.
Según la denuncia, el juez habría incumplido procedimientos legales, como notificaciones fuera de plazo y la admisión de un recurso presentado por un ciudadano sin legitimación activa. Para el órgano electoral, estas acciones ponen en riesgo el principio de preclusión y el normal desarrollo del proceso electoral subnacional previsto para marzo de 2026.