El Tribunal Constitucional Plurinacional vive una reconfiguración decisiva: Paola Prudencio asume la presidencia, mientras la justicia ordena aprehender a las exautoridades que prolongaron su mandato sin legitimidad.

La tensión que dominó durante meses el corazón del sistema constitucional boliviano se quebró este martes con una secuencia de hechos que marcaron un antes y un después en la institucionalidad nacional: la elección de una nueva presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el desplazamiento inmediato de los magistrados que se aferraron al cargo pese a haber cumplido su mandato y la emisión de órdenes de aprehensión contra cuatro de ellos.

Paola Verónica Prudencio, una de las magistradas electas en los comicios judiciales recientemente concluidos, fue designada presidenta del TCP por decisión unánime de los cuatro miembros en ejercicio reconocido. La Sala Plena actuó con urgencia, consciente de que la crisis de legitimidad debía tener un corte rápido y contundente.

En la primera reunión previa al acto de posesión, Prudencio presentó los lineamientos que moverán al Tribunal en esta nueva etapa. Se propuso recuperar transparencia y funcionamiento técnico mediante una batería de disposiciones: transmisión pública de los sorteos de casos, revisión integral del presupuesto para instalar medidas de austeridad, unificación de criterios jurisprudenciales, reglamentos internos publicados para el conocimiento ciudadano y reestructuración administrativa con concursos abiertos y auditorías internas.

La flamante autoridad fue clara al marcar un punto de quiebre: el TCP “no volverá a ser un órgano de persecución ni un aparato sometido a intereses privados o partidarios”. Su palabra resonó mientras la Policía comenzaba a recibir órdenes directas para ejecutar la aprehensión de quienes se negaron a dejar el cargo incluso después de la elección de sus reemplazos.

Las órdenes fueron emitidas por el juez Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del municipio de La Guardia, Santa Cruz. Los exmagistrados señalados son Gonzalo Hurtado Zamorano, René Yván Espada, Julia Elizabeth Cornejo y Karem Lorena Gallardo. En el caso de Isidora Jiménez Castro, no se activó la detención debido a que presentó previamente su renuncia. Las alertas migratorias ya se encuentran activas para evitar cualquier intento de fuga.

La figura judicial que detonó esta reacción fue una acción popular presentada por el abogado Oliver Coronado, que denunció usurpación de funciones y afectación a la seguridad jurídica. La Sala Constitucional Primera de Potosí hizo lugar a la acción, ordenó el cese inmediato de los prorrogados y dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente.

El conflicto hunde sus raíces en diciembre de 2023, cuando la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 permitió que los magistrados extendieran temporalmente su ejercicio ante la ausencia de elecciones judiciales. Con la renovación concretada, la continuidad dejó de tener amparo legal. Aun así, cinco magistrados permanecieron en funciones durante meses desafiando el consenso jurídico del país.

El TCP reaccionó finalmente con un auto constitucional que dio por concluida la prórroga e hizo un diagnóstico severo: varios actores políticos intentaron someter a la justicia y manipular sus decisiones en beneficio propio. El mensaje fue político e institucional: basta de tutelajes.

La transición no solo implica un cambio en el liderazgo del Tribunal. Simboliza la exigencia de un nuevo pacto de cumplimiento constitucional en Bolivia. Quien ignore los límites legales deberá enfrentar procesos. Quien intente convertir la justicia en trinchera perderá el blindaje que la opacidad le ofreció durante años.

En su debut, Prudencio prometió restaurar el rol del Tribunal como garante de derechos y equilibrio de poderes. La sociedad boliviana ha escuchado declaraciones similares en otras etapas críticas.