El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, planteó suspender las encuestas de intención de voto hasta garantizar fiabilidad técnica, al advertir que generan inseguridad y desconfianza en la ciudadanía.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sorprendió con una declaración que reaviva el debate sobre la transparencia de los procesos electorales en Bolivia. En entrevista con la red Erbol, aseguró que propondrá a la Sala Plena de la institución suspender temporalmente la autorización de encuestas de intención de voto, al considerar que estas mediciones han perdido credibilidad y hoy generan más dudas que certezas.
El anuncio ocurre en un momento clave: apenas una semana después de la primera vuelta de las elecciones nacionales, donde el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, se impuso contra todo pronóstico. Hasta días antes de los comicios, las encuestas lo ubicaban en los últimos lugares, un desfase que según Ávila confirma la fragilidad del trabajo realizado por varias encuestadoras.
“Es una idea personal, pero quiero plantear que no autoricemos encuestas para la segunda vuelta. Estas cifras no inspiran confianza y, en lugar de orientar, instalan un clima de inseguridad entre los votantes”, sostuvo el vocal, recalcando que desde 2016 los resultados oficiales han evidenciado los constantes errores de las empresas especializadas.
Ávila también expresó preocupación por el descrédito que enfrenta un mecanismo que, bien aplicado, debería servir como referencia para el debate público. “Se está desprestigiando un recurso valioso por las fallas que se repiten. Si no hay certeza en los resultados, las encuestas dejan de ser útiles y se vuelven un problema para el proceso democrático”, advirtió.
Frente a esta situación, propuso modificaciones profundas en la normativa electoral y la incorporación de sanciones severas contra las firmas que incumplan estándares técnicos o presenten datos sin sustento. Aunque reconoció que existe un reglamento para registrar encuestadoras, consideró que los controles actuales son insuficientes y que el TSE debe actuar con más firmeza.
“El Tribunal Supremo Electoral no puede limitarse a revisar papeles. Si existen dudas sobre la veracidad o la metodología empleada, hay que tomar decisiones drásticas y detener la difusión. Lo vamos a plantear con responsabilidad”, afirmó.
El planteamiento ha generado reacciones diversas. Mientras algunos actores políticos lo interpretan como un intento de proteger la voluntad ciudadana de manipulaciones, otros advierten que la suspensión de encuestas podría limitar el acceso a información. Sin embargo, en las calles, las opiniones se acercan más a la percepción de Ávila: gran parte de la población expresa desconfianza hacia los sondeos, que en reiteradas ocasiones no han reflejado la realidad de las urnas.