El TSE convoca oficialmente a los nueve candidatos habilitados, mientras la Ley de Debate Obligatorio permanece estancada en el Senado bajo presión política.
La democracia boliviana se alista para vivir dos momentos cruciales antes de la cita electoral de agosto: el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha confirmado la organización de dos debates presidenciales que reunirán a los nueve postulantes en contienda. Estos encuentros, programados para las primeras semanas del mes próximo, se celebrarán en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, respectivamente. Aunque todavía sin una ley que obligue a los candidatos a participar, el Órgano Electoral avanza con decisión en la construcción de espacios de deliberación pública, con el respaldo de instituciones como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el empresariado.
Francisco Vargas, vocal del TSE, confirmó que estos serán los únicos encuentros organizados directamente por la entidad electoral. “El objetivo es garantizar condiciones de igualdad para todos los participantes”, explicó. La apuesta institucional es clara: ofrecer un foro en el que la ciudadanía pueda evaluar propuestas y comparar proyectos políticos en igualdad de condiciones.
No obstante, mientras se alista el escenario de estos debates, el Congreso Nacional continúa en deuda con la democracia. La Ley de Debate Obligatorio, que fue aprobada sin objeciones en la Cámara de Diputados a inicios de junio, permanece bloqueada en la directiva del Senado, presidida por el también candidato Andrónico Rodríguez. Este estancamiento legislativo impide la implementación de sanciones para quienes se nieguen a debatir, como la suspensión de propaganda electoral o multas económicas.
La Comisión de Constitución del Senado, presidida por el legislador Luis Adolfo Flores, ya emitió un dictamen favorable a la norma. Sin embargo, la directiva del Senado no la ha puesto en agenda desde hace más de seis semanas. La demora ha generado un fuerte debate público, pues Rodríguez —que además busca la presidencia por la Alianza Popular— ha evitado participar en al menos tres encuentros convocados por la sociedad civil, lo que ha derivado en críticas y protestas de sus adversarios.
En contraste con la parálisis del Legislativo, el TSE se ha movido con agilidad. No sólo ha logrado un acuerdo con el sector empresarial para coorganizar los debates, sino que también ha mantenido reuniones con organizaciones de periodistas para garantizar su cobertura y difusión nacional. Las fechas exactas aún no han sido anunciadas, pero se sabe que se desarrollarán antes del domingo 17 de agosto, día en que Bolivia acudirá a las urnas para elegir a su nuevo presidente.
El Órgano Electoral también hizo un llamado público a todos los actores que han impulsado debates independientes a actuar con imparcialidad. Vargas lamentó que en algunos encuentros recientes en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, sólo se haya convocado a los candidatos mejor posicionados en las encuestas, dejando fuera a partidos con menor respaldo mediático. “La equidad democrática exige invitar a todos los frentes habilitados”, insistió.
La pluralidad política, eje constitucional del Estado boliviano, es uno de los principios que el TSE busca proteger al organizar estos espacios. Según se ha confirmado, no se permitirá la exclusión de ningún partido y se establecerán reglas comunes para asegurar el equilibrio en el uso del tiempo, el tratamiento temático y el derecho a réplica.
La única ley relacionada al proceso electoral que ha sido recientemente promulgada es la Ley 1632, que pone en marcha el nuevo Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (SIREPRE). Aunque se trata de una herramienta clave para fortalecer la transparencia en el conteo de votos, no aborda el vacío normativo sobre los debates, que hoy se desarrolla únicamente por voluntad del TSE y algunos sectores aliados.
En ese contexto, los dos debates presidenciales organizados por el Órgano Electoral emergen como un hito democrático que podría marcar el tono de la campaña. Serán espacios de confrontación de ideas, pero también escenarios donde la ciudadanía podrá evaluar el carácter, liderazgo y visión de país de cada postulante.