La justicia boliviana ordena su presencia física tras 14 intentos fallidos por parte del Régimen Penitenciario.
Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, regresará finalmente a su departamento para comparecer de forma presencial en el juicio oral por el caso denominado “Decretazo”. El traslado fue dispuesto mediante un fallo constitucional que pone fin a un largo período de dilaciones, excusas administrativas y desobediencias judiciales por parte del Régimen Penitenciario. La fecha del juicio ha sido fijada para el 25 de julio, y por primera vez desde su aprehensión en diciembre de 2022, el gobernador se presentará ante un tribunal cruceño.
La resolución judicial fue confirmada por Martín Camacho, abogado del gobernador, quien sostuvo que esta decisión es producto de una Acción de Libertad interpuesta por la defensa, luego de que se incumplieran 14 órdenes judiciales que requerían su traslado desde el penal de Chonchocoro en La Paz hasta la capital oriental. «Esta vez no hay lugar a excusas. La sentencia es vinculante y debe ejecutarse», señaló el jurista.
El retorno de Camacho a Santa Cruz es significativo no solo por razones procesales, sino también por el fuerte simbolismo político y social que representa. Su presencia física, largamente reclamada por sus seguidores y exigida por la propia ley, rompe con una secuencia de ausencias obligadas por decisiones administrativas del Gobierno nacional y pone a prueba la independencia del sistema judicial.
TRASLADO POSIBLE GRACIAS A UNA SENTENCIA
Desde principios de este año, el juicio por el caso “Decretazo” fue suspendido en catorce oportunidades debido a que el Régimen Penitenciario se negó a ejecutar las órdenes de traslado. Las excusas fueron diversas: desde falta de recursos y combustible hasta bloqueos en carreteras. Sin embargo, la justicia boliviana ha sido categórica esta vez. La sentencia constitucional emitida en La Paz ordena que se garantice el traslado inmediato de la autoridad cruceña, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales contra quienes incumplan la resolución.
La defensa de Camacho denunció en repetidas ocasiones que el Gobierno, a través de sus ministerios e incluso de la Procuraduría, había ejercido presión para evitar su comparecencia presencial, sugiriendo que el juicio se realice de forma virtual. No obstante, el tribunal que lleva el caso fue firme en su decisión de celebrar las audiencias en modalidad física, en respeto a los principios del debido proceso.
Ahora, el Ministerio de Gobierno y la Dirección de Régimen Penitenciario se enfrentan al reto de cumplir con el fallo en tiempo y forma. En caso contrario, se exponen a cargos de desobediencia a resoluciones judiciales y otros delitos vinculados al incumplimiento de deberes. El traslado de Camacho, de concretarse, implicará su internación provisional en la cárcel de Palmasola durante la tramitación del juicio.
UNA PRESENCIA ESPERADA EN SU TIERRA
Desde su aprehensión, Camacho ha estado alejado físicamente de Santa Cruz, a pesar de ser gobernador en ejercicio. Su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, ha sido interpretada por diversos sectores como una forma de marginarlo políticamente de la región que lo eligió como su representante.
El regreso del gobernador a Santa Cruz, aunque en calidad de procesado, abre un nuevo capítulo en el conflicto político y judicial que envuelve al país. Para muchos cruceños, su presencia representa una oportunidad de reivindicación frente a lo que consideran un castigo político orquestado por el centralismo paceño. Para otros, será una prueba definitiva del estado de su liderazgo en medio de múltiples procesos judiciales y acusaciones.
El juicio del caso “Decretazo” se basa en la emisión del Decreto Departamental 373 en 2022, mediante el cual Camacho habría delegado funciones a un secretario y no al vicegobernador, como establece la normativa. El Ministerio Público argumenta que esta acción violó la Constitución, mientras que la defensa sostiene que se trató de una medida administrativa dentro de las atribuciones del Ejecutivo departamental.
PROCESOS JUDICIALES ACUMULADOS
Más allá del “Decretazo”, Camacho enfrenta otros procesos penales que continúan abiertos. El más avanzado es el caso “Golpe de Estado I”, en el que se lo acusa de ser uno de los promotores de la renuncia de Evo Morales en 2019. En este juicio, la etapa probatoria ha concluido, y solo restan los alegatos finales para llegar a una sentencia.
También está pendiente el juicio por la compra de un carro bombero con presuntas irregularidades administrativas y técnicas, así como el proceso vinculado al paro cívico de los 36 días en Santa Cruz, ocurrido a finales de 2019. En este último caso, aún no se ha instalado el juicio oral debido a una serie de incidentes no resueltos.
Pese a este panorama, el foco mediático y social se ha concentrado en la imposibilidad de ejecutar el traslado del gobernador a su departamento, lo que ha despertado severas críticas contra el Gobierno central por obstaculizar el curso normal de los procesos.
CAMACHO VUELVE, LA JUSTICIA SE PONE A PRUEBA
El cumplimiento de la orden de traslado no solo devolverá momentáneamente a Luis Fernando Camacho a su tierra natal, sino que también pondrá a prueba el compromiso de las instituciones con el debido proceso, la legalidad y la autonomía del Poder Judicial. Para muchos observadores, el fallo constitucional constituye una victoria jurídica significativa en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno nacional y la región cruceña.