El pronunciamiento oficial en favor de la obra fronteriza impulsada por Chile genera cuestionamientos internos y expone una fractura política sobre la defensa de la soberanía y la relación bilateral.
La decisión del canciller Fernando Aramayo de respaldar públicamente la construcción de una zanja en territorio chileno encendió una reacción inmediata en la política boliviana, donde varias figuras de alto perfil interpretaron la postura como una señal de debilidad frente a una acción que consideran hostil.
Lejos de matizar su posición, Aramayo defendió con firmeza la medida adoptada por el gobierno de José Antonio Kast, señalando que Bolivia no puede interferir en decisiones soberanas de otro Estado. “Somos respetuosos de las decisiones soberanas de los estados. Eso pedimos también, que no se cuestione las decisiones soberanas de nuestro gobierno”, declaró, marcando la línea oficial del Ejecutivo.
El respaldo no se limitó a un pronunciamiento protocolar. El canciller fue más allá al justificar la obra como una acción orientada a la seguridad. “Si el Presidente Kast y su Gobierno consideran que es una forma de dar seguridad a su país, de evitar que la criminalidad cruce fronteras, somos respetuosos de ello”, afirmó, dejando claro que la administración boliviana no asumirá una posición de confrontación.
Las críticas no tardaron en escalar. El expresidente Evo Morales fue uno de los primeros en cuestionar el respaldo oficial, al advertir que la construcción de barreras físicas en la frontera proyecta un mensaje de desconfianza entre países vecinos. A esa postura se sumaron Eduardo Rodríguez Veltzé y Jorge Quiroga, quienes coincidieron en que la medida chilena no puede ser interpretada como un simple asunto interno.
Desde distintos frentes políticos se insistió en que el gobierno boliviano debía asumir una posición más firme. Samuel Doria Medina también expresó su desacuerdo, reforzando la idea de que el silencio crítico o el aval diplomático pueden ser leídos como una señal de permisividad ante decisiones que impactan directamente en la relación bilateral.
Aramayo, sin embargo, mantuvo su discurso alineado con la prudencia diplomática y descartó cualquier vulneración de acuerdos internacionales. “Están resguardando todos los principios que asisten a este tratado”, aseguró, al referirse al marco jurídico vigente entre ambos países, insistiendo en que la obra se ejecuta dentro de los límites territoriales de Chile.
En paralelo, el canciller confirmó que existen gestiones en curso para sostener reuniones con autoridades chilenas, con el objetivo de mantener abiertos los canales de comunicación. “Hemos anunciado establecer un diálogo diplomático, que se está construyendo”, indicó, reafirmando que la estrategia oficial prioriza el entendimiento antes que la confrontación.
Mientras avanzan las obras en la frontera norte chilena —con presencia militar y sistemas de control destinados a frenar el flujo migratorio irregular—, en Bolivia la discusión adquiere un tono más severo. Las voces críticas no solo apuntan a la medida en sí, sino al mensaje político que transmite la reacción del Gobierno, cuestionando la firmeza con la que se resguardan los intereses nacionales frente a decisiones externas que tienen impacto directo en la región.
