La designación estadounidense del supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista provoca una respuesta contundente del Gobierno venezolano, que denuncia una operación política orientada a justificar hostilidades.
On datos de RT
La ofensiva diplomática desatada desde Washington al catalogar como organización terrorista al denominado “Cartel de los Soles” generó una reacción inmediata y sólida del Gobierno venezolano, que interpretó esta decisión como un movimiento político deliberado para consolidar un escenario de confrontación regional. La administración estadounidense, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, oficializó este lunes la inclusión del supuesto grupo en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, un paso que profundiza la tensión histórica entre ambos países y abre la puerta a medidas aún más severas.
Para Caracas, esta maniobra no sorprende pero sí confirma un patrón de hostilidades que, según el Gobierno venezolano, busca manufacturar un argumento de intervención desde hace años. La reacción fue emitida a través de un comunicado donde se señala que esta acusación, reiterada y rechazada de forma constante por Venezuela, constituye una operación de propaganda que pretende sostener una narrativa falsa en el plano internacional. El Ejecutivo sostuvo que no existe evidencia real ni respaldo institucional que certifique la existencia del presunto cartel, un punto que tampoco ha sido reconocido por organismos multilaterales dedicados a combatir el tráfico ilícito de drogas.
El canciller venezolano, Yván Gil, reforzó esa postura, afirmando que la medida estadounidense está destinada a “correr la misma suerte” que otras estrategias de presión que, en su criterio, han terminado por fracasar debido a su falta de sustento. Gil advirtió que Venezuela no se desviará de sus prioridades internas para responder a imputaciones que califica como infundadas, y reiteró que el país mantiene una estructura gubernamental cohesionada, orientada a la atención de asuntos nacionales esenciales.
El comunicado oficial caracterizó como un acto de irresponsabilidad que se pretenda forzar a Venezuela a invertir energía política en responder a lo que considera una invención. El Gobierno subrayó que la unidad entre la sociedad civil, las instituciones policiales y los componentes militares constituye un elemento central para enfrentar presiones externas, y sostuvo que esta cohesión fortalece la posición del Estado ante operaciones que tilda de agresivas. Desde esa óptica, Venezuela remarcó que continúa enfocada en garantizar estabilidad, orden y continuidad institucional.
Caracas también instó a la administración estadounidense a corregir lo que define como una política errática cargada de amenazas y agresiones que impactan negativamente en la vida de los pueblos del Caribe. En la visión del Gobierno venezolano, las presiones unilaterales impuestas por Washington comprometen no solo la relación bilateral, sino la dinámica regional en su totalidad. Según señaló el documento, la escalada de hostilidades empuja a la región hacia un terreno riesgoso, con consecuencias que pueden extenderse más allá del ámbito diplomático.
El Ejecutivo venezolano argumentó que esta política estadounidense no guarda relación con una lucha auténtica contra el narcotráfico. Desde su perspectiva, se trata de un dispositivo político que utiliza el tema de las drogas como pretexto para justificar acciones y presiones de naturaleza estratégica. Al respecto, el comunicado sostuvo que Venezuela continuará ejecutando sus propias medidas de control y prevención del tráfico ilícito, además de cooperar con organismos internacionales cuando corresponda, pero rechazó categóricamente que su nombre sea utilizado en campañas que considera manipuladas.
La comunicación oficial enfatizó que, pese a la tensión creciente, el país sostiene una posición de defensa integral de sus intereses y su soberanía. El Gobierno venezolano reiteró que la defensa de la paz nacional constituye una prioridad inalterable, y subrayó que existe un compromiso permanente de parte de la estructura institucional para preservar el orden interno. El texto culminó citando nuevamente una frase de Simón Bolívar, recordando que la paz es entendida como un principio fundamental en el ideario histórico venezolano.
Este episodio coincide con un incremento significativo de la presencia militar estadounidense en el Caribe, donde desde hace meses se encuentran desplegadas unidades navales que han ejecutado operaciones letales contra embarcaciones sospechadas de actividades ilícitas. Según diversas fuentes, estos bombardeos han provocado más de setenta muertes, un saldo que Caracas considera resultado directo de acciones unilaterales que Washington intenta justificar como parte de su estrategia antidrogas. Para el Gobierno venezolano, estos operativos demuestran que la narrativa estadounidense sobre el narcotráfico se utiliza para validar medidas que exceden el ámbito de la seguridad regional.
La ofensiva estadounidense se acompaña de una insistente campaña para vincular al presidente Nicolás Maduro con actividades de narcotráfico, acusación que Caracas rechaza frontalmente. Washington sostiene que el mandatario lideraría una estructura criminal, pero hasta la fecha ningún organismo internacional especializado ha reconocido esa supuesta red. La incompatibilidad entre las acusaciones y los informes técnicos internacionales refuerza, en opinión de Venezuela, la hipótesis de que la narrativa responde a un esquema de hostilidad política y no a hechos verificables.
En medio de este escenario, declaraciones previas del exboina verde Jordan Goudreau volvieron a circular. El contratista estadounidense sugirió durante una intervención pública que el llamado “Cartel de los Soles” tendría su origen en una operación de la CIA, una afirmación que no ha sido refrendada por documentos oficiales pero que introdujo nuevos elementos al debate sobre la autenticidad del supuesto grupo criminal. Sumado a ello, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, una cifra sin precedentes para un mandatario en funciones.
Maduro ha sido enfático al señalar que estas maniobras componen una campaña de desprestigio destinada a crear condiciones favorables para acciones más agresivas. Desde su posición, Washington busca deteriorar la imagen de la nación suramericana y justificar mayores presiones, con el objetivo final de apoderarse de recursos energéticos estratégicos. El presidente ha recordado en distintas intervenciones que este tipo de campañas ya fueron utilizadas en el pasado para habilitar intervenciones contra otros países ricos en hidrocarburos.
Las repercusiones internacionales no se hicieron esperar. Países aliados de Venezuela, así como actores que buscan evitar una escalada regional, remitieron declaraciones en las que expresan preocupación por la decisión estadounidense. Entre ellos, Rusia denunció públicamente que Washington utiliza argumentos fabricados para manipular el escenario diplomático y crear focos de desestabilización en América Latina. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que el combate al narcotráfico no debe servir como excusa para interferir en la vida interna de los Estados, y dejó claro que su país rechaza cualquier intento de ejercer presión militar o coercitiva en nombre de la lucha contra las drogas.
Mientras tanto, la tensión continúa ascendiendo en una región históricamente sensible a los movimientos geoestratégicos de las grandes potencias. Venezuela sostiene que resistirá la ofensiva estadounidense con una estrategia de cohesión institucional y defensa activa de su soberanía, mientras busca apoyo internacional para contrarrestar la narrativa impulsada desde Washington. La designación del supuesto cartel como organización terrorista se convierte así en un nuevo punto de inflexión en un conflicto político y diplomático que acumula años de confrontación abierta.