La Justicia chilena ordenó detener por 60 días la destrucción de cargamentos incautados a 23 empresas bolivianas mientras se revisan los análisis que vincularon la mercancía con un presunto caso de narcotráfico.
Un juez de garantía de Arica dispuso la suspensión inmediata de la quema de madera perteneciente a 23 empresas bolivianas que permanece retenida en puertos chilenos, una decisión que modifica el rumbo de un caso que desde hace meses enfrenta a exportadores, autoridades y organismos encargados de la investigación. La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días y busca evitar que la mercadería siga siendo destruida antes de que se realicen nuevas verificaciones técnicas.
NUEVAS PRUEBAS BAJO SUPERVISIÓN JUDICIAL
La determinación fue adoptada durante una audiencia solicitada por las defensas de las compañías afectadas, que cuestionaron la forma en que fueron realizadas las evaluaciones sobre la carga retenida. Según los argumentos presentados ante el tribunal, las muestras utilizadas para detectar rastros de sustancias ilícitas no representarían adecuadamente el volumen total de la madera decomisada.
El juez acogió esos planteamientos y ordenó paralizar las incineraciones en Arica, Valparaíso y San Antonio mientras se desarrollan nuevas diligencias. La resolución también abre la puerta a la realización de peritajes adicionales para contrastar los resultados que dieron origen a la investigación.
Durante la audiencia, la defensa sostuvo que existían diferencias entre la cantidad de muestras que, según la Fiscalía, fueron tomadas en los contenedores y los registros revisados por los abogados de las empresas. Esa situación llevó al tribunal a considerar necesaria una revisión más profunda antes de que continúe la destrucción de la mercancía.
EMPRESAS RECHAZAN RESULTADOS
El caso se originó tras análisis realizados sobre cargamentos de madera exportados desde Bolivia. Informes técnicos reportaron la presencia de rastros de sustancias vinculadas al narcotráfico, pero los exportadores rechazan esa conclusión y sostienen que los resultados podrían corresponder a errores o a muestras que no reflejan el estado real de toda la carga.
Desde Bolivia, distintas autoridades también han planteado la posibilidad de que los hallazgos correspondan a «falsos positivos», posición que ahora podrá ser contrastada mediante nuevas pericias autorizadas por la Justicia chilena.
El tribunal fijó una nueva audiencia para el 29 de octubre. En esa sesión se abordará la realización de nuevos análisis y las condiciones bajo las cuales deberán efectuarse las pruebas que podrían resultar determinantes para el futuro de la investigación.
