La dirigencia obrera formalizó una resolución con exigencias concretas al Ejecutivo y a la Asamblea, y anunció movilizaciones progresivas si no existen respuestas documentadas y verificables.

La Central Obrera Boliviana declaró estado de emergencia nacional y notificó al gobierno de Rodrigo Paz un pliego de demandas que considera prioritarias. La decisión fue adoptada en una reunión orgánica con participación de federaciones y centrales departamentales, y quedó registrada en una resolución pública difundida a sus bases.
El documento establece un rechazo expreso a cualquier modificación de la Ley General del Trabajo. La organización sostiene que no permitirá ajustes que, a su criterio, impliquen retrocesos en derechos laborales consolidados. En la misma línea, advierte que observará de manera permanente cualquier intento de alterar la Ley 157 vinculada a tierras, señalando que asumirá acciones si identifica afectaciones a sectores sociales.
La central sindical también exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el archivo inmediato y definitivo del proyecto de ley denominado “antibloqueos”. La dirigencia considera que esa propuesta restringe mecanismos de protesta reconocidos en la normativa vigente y anunció que, de continuar su tratamiento, activará medidas escalonadas definidas por sus estructuras orgánicas.
En materia judicial, la COB conminó al Ministerio Público a actuar con independencia en la investigación del ingreso de 32 maletas sin control por el aeropuerto de Viru Viru y en otros hechos vinculados al narcotráfico detectados recientemente. El pronunciamiento exige transparencia en cada actuación fiscal y rechaza cualquier forma de presión o persecución contra dirigentes sindicales.
El pronunciamiento incorpora además un reclamo sobre la calidad de la gasolina distribuida en el país. La organización demandó una solución inmediata y un mecanismo efectivo de compensación económica para propietarios de vehículos que reportaron daños, así como controles técnicos verificables sobre el combustible comercializado.
Otro punto central es la exigencia de un informe detallado del Ejecutivo sobre los créditos externos gestionados y el destino específico de esos recursos. La COB pidió que la Asamblea cumpla su función fiscalizadora con acceso a documentación completa y pública.