De 69 países invitados a la iniciativa estadounidense, solo diez aceptan integrarse, dejando claro el escepticismo global sobre fines y transparencia del organismo.
El Consejo de Paz, creado por Estados Unidos para supervisar Gaza y otras regiones de conflicto, arrancó esta semana con un apoyo internacional limitado. De los 69 países invitados, apenas diez confirmaron su participación: Israel, Argentina, Egipto, Azerbaiyán, Kosovo, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Marruecos, Hungría y Canadá.
Varias naciones europeas y de Medio Oriente rechazaron formar parte. Francia señaló que los estatutos “sobrepasan la supervisión de Gaza” y generan dudas sobre la autonomía de la ONU. Alemania sostuvo que ya existen organismos internacionales que cumplen esa función, mientras Reino Unido expresó que no destinará recursos públicos a un consejo donde participan Rusia y Bielorrusia. Noruega afirmó que cualquier participación debe estar alineada con compromisos multilaterales, y Ucrania rechazó la invitación al considerar incompatible su relación con Rusia.
El documento fundacional establece que el consejo tendrá como objetivos “restaurar gobernanza confiable y promover estabilidad en zonas de conflicto”, pero no delimita claramente los poderes ni los mecanismos de control. Esta vaguedad ha generado alarma, ya que podría permitir decisiones unilaterales por parte de los países fundadores, especialmente Estados Unidos y Rusia.
Rusia confirmó su participación, anunciando una contribución de mil millones de dólares en activos congelados. La inclusión de Moscú y Bielorrusia en el consejo refuerza las dudas sobre la imparcialidad de la iniciativa y plantea el riesgo de que se convierta en un instrumento político más que en un mecanismo de paz.
Entre los países que aceptaron, la mayoría lo hizo con discreción. Israel y Egipto informaron su participación mediante comunicados breves, Bielorrusia firmó los documentos personalmente y Hungría, Marruecos y Canadá emitieron declaraciones formales sin detallar funciones. La escasa adhesión pone en evidencia la falta de legitimidad internacional del consejo.
El presidente Trump defendió el consejo, afirmando que permitirá “hacer prácticamente todo lo que queramos”. Esta declaración generó inquietud sobre la autonomía y transparencia del organismo, mostrando un riesgo claro de concentración de poder y de intervenciones no supervisadas.
Con solo diez países adherentes, el consejo comienza su actividad con respaldo limitado y cuestionamientos globales. La iniciativa refleja una contradicción: promovida por un país con altos niveles de violencia interna, pretende liderar un proyecto internacional de paz mientras la mayoría de la comunidad internacional se mantiene fuera.