Este lunes, empresarios, gremiales, productores y transportistas de carga pesada llevarán adelante un paro y movilizaciones en rechazo a la disposición gubernamental que permite el decomiso de alimentos en caso de ocultamiento y aumento arbitrario de precios. La medida ha generado un fuerte debate entre los sectores económicos y el Gobierno, que insta al diálogo para resolver las observaciones.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió este domingo sobre lo que considera una contradicción en la postura de los empresarios, quienes en el pasado rechazaron los paros y bloqueos, e incluso promovieron una ley para sancionar este tipo de medidas, pero ahora recurren a estas mismas acciones para expresar su descontento.
«Los empresarios siempre rechazaron los paros, bloqueos y marchas, incluso presentaron un proyecto de ley para castigar estas acciones; sin embargo, mañana, lunes, suspenderán actividades y tomarán las calles», declaró Montenegro en contacto con la prensa.
A pesar de la tensión generada por la medida de presión, el titular de Economía aseguró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de diálogo e instó a los empresarios a participar en una mesa de negociación para abordar sus preocupaciones y encontrar soluciones conjuntas.
«Queda claro que hay que sentarse entre los actores y ahí establecer los mecanismos de solución. No es tan automático, hay juristas, está el Ministerio de Justicia y abogados que pueden analizar el tema», manifestó.
El ministro también resaltó que los empresarios han generado utilidades gracias a las facilidades otorgadas por el Gobierno, como la subvención de combustibles y gas, incentivos económicos y líneas de inversión.
«Habría que hacer la pregunta: ¿dónde ganaron más, en la época neoliberal o en esta época?», cuestionó Montenegro, sugiriendo que las condiciones actuales han sido favorables para el sector privado.
El paro y las marchas de este lunes reflejan la creciente preocupación de los sectores productivos ante la posibilidad de que el decomiso de alimentos impacte sus actividades comerciales. No obstante, el Gobierno insiste en que la norma busca evitar prácticas especulativas y proteger la economía de la población.