Trabajadores, campesinos, maestros y organizaciones regionales salieron a las calles en varios departamentos para exigir soluciones económicas, frenar normas observadas y defender recursos estratégicos y servicios públicos.
Las protestas sociales se multiplicaron este lunes en distintas regiones del país en medio de un escenario de creciente malestar por la situación económica, la crisis de combustibles y las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno. Marchas, bloqueos y paros fueron protagonizados por organizaciones obreras, campesinas, magisteriales y regionales que denunciaron abandono estatal, pérdida del poder adquisitivo y amenazas contra empresas estratégicas y servicios públicos.
La jornada dejó puntos de bloqueo en carreteras, movilizaciones urbanas y advertencias de radicalización de medidas si las autoridades nacionales no atienden los reclamos planteados por los sectores movilizados.
En Tarija, la Central Obrera Departamental confirmó que continuará acatando las determinaciones nacionales asumidas por la Central Obrera Boliviana (COB). Su ejecutivo, Jaime Ortiz, informó que las movilizaciones no serán suspendidas mientras el Gobierno no responda al pliego presentado por los trabajadores.
Las demandas incluyen atención inmediata a salud y educación, reposición salarial, solución al problema de abastecimiento de combustibles y rechazo a disposiciones que, según los sectores sociales, abren el camino a procesos de privatización de empresas estatales y servicios básicos.
“Nosotros estamos cumpliendo con las marchas y bloqueos movilizados”, afirmó Ortiz mientras acompañaba una protesta en las calles tarijeñas.
Las organizaciones laborales sostienen que la situación económica golpea con mayor fuerza a trabajadores, maestros y familias de bajos ingresos, mientras las respuestas oficiales no logran contener el creciente descontento.
En Sucre, miles de personas participaron en una marcha convocada por la COD de Chuquisaca. Los dirigentes advirtieron que las medidas podrían endurecerse si el Ejecutivo continúa sin atender las demandas sociales y laborales.
Los representantes señalaron que la población exige soluciones reales y no anuncios políticos que, según denunciaron, terminan afectando directamente a sectores populares.
Aunque los dirigentes aclararon que priorizan el diálogo y la instalación de mesas de trabajo, también dejaron claro que las movilizaciones seguirán mientras no existan respuestas concretas.
Uno de los reclamos más repetidos durante las protestas fue el rechazo a la Ley 1720 y a nuevas propuestas gubernamentales relacionadas con sectores estratégicos.
En Cochabamba, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos reunió a representantes de las 16 provincias en una marcha que recorrió la ciudad exigiendo la abrogación de esa normativa y rechazando cualquier intento de privatización.
El dirigente Richar Vallejos manifestó que las organizaciones campesinas defenderán los recursos naturales y las empresas públicas frente a medidas que consideran perjudiciales para el país.
“No vamos a permitir la privatización de ninguna empresa ni de ningún recurso”, declaró durante la movilización.
Los campesinos también denunciaron la crisis de abastecimiento de combustibles y cuestionaron la calidad de la gasolina y el diésel distribuidos en distintas regiones.
“Ya no queremos hacer fila por combustible basura, no queremos que nos roben”, expresó Vallejos, reflejando el malestar que comparten transportistas, productores y ciudadanos afectados por las largas esperas en surtidores.
Las protestas del sector educativo también marcaron la jornada nacional. En Pando, maestros urbanos y rurales marcharon de manera conjunta, algo que dirigentes calificaron como una señal de unidad frente a medidas observadas por ambos sectores.
La movilización se concentró frente a la Dirección Departamental de Educación, donde los representantes rechazaron el denominado “50-50”, al considerar que transfiere responsabilidades económicas a municipios sin recursos suficientes.
La ejecutiva del magisterio urbano de Pando, Gladys Chambi, afirmó que los profesores rechazan cualquier forma de descentralización que termine debilitando la educación pública.
Desde el magisterio rural, Freddy Fernández sostuvo que la medida representa una privatización “camuflada” de la educación y alertó que muchas alcaldías rurales no tienen capacidad económica para sostener nuevas obligaciones.
El dirigente agregó que los maestros también exigen reposición salarial debido al encarecimiento de la canasta familiar y la pérdida del valor adquisitivo de los ingresos.
En Potosí, maestros urbanos instalaron bloqueos y cumplieron un paro de 24 horas para exigir atención a sus demandas. Los dirigentes advirtieron que las protestas podrían ampliarse si no existe una respuesta inmediata por parte del Gobierno.
Mientras tanto, la dirigencia de maestros rurales potosinos decidió no acatar el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación Rural debido a divisiones internas dentro de la organización.
El ejecutivo Jaime Mamani explicó que existen estructuras paralelas y falta de consenso entre federaciones, situación que impide asumir medidas conjuntas a escala nacional.
La tensión social también se hizo sentir en el departamento de La Paz. El Sindicato de Trabajadores Mineros de Corocoro y representantes de la Marka Muropilar instalaron varios puntos de bloqueo en sectores estratégicos.
Los movilizados denunciaron abandono gubernamental y expresaron su molestia por la crisis económica y social que atraviesa el país.
Desde Achacachi se reportó la llegada de ponchos rojos de la provincia Omasuyos hacia El Alto para reforzar los bloqueos instalados desde hace más de una semana.
Los dirigentes indicaron que las protestas continuarán mientras las autoridades no den respuestas a las exigencias planteadas por las organizaciones sociales.
En Lipari, al sur de La Paz, también se registraron bloqueos y momentos de tensión con efectivos policiales. Los manifestantes impidieron temporalmente el paso vehicular y denunciaron que el Gobierno no escucha las demandas populares.
Paralelamente, la COB, dirigentes de los Ponchos Rojos y el senador Nilton Condori suscribieron un pacto de unidad para mantener las medidas de presión y rechazar las nuevas leyes anunciadas por el Ejecutivo.
