Mientras el Gobernador insiste en una supuesta asfixia financiera, el Gobierno central presenta cifras que lo desmienten y recuerda su responsabilidad fiscal

En un nuevo episodio de confrontación institucional que pone en vilo la estabilidad del Departamento del Beni, el cruce de declaraciones entre el gobernador Alejandro Unzueta y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha generado una creciente polémica sobre la verdadera situación económica de la región.

Las acusaciones sobre supuestos recortes en las transferencias estatales fueron respondidas por el Gobierno central, que no solo negó tales afirmaciones, sino que presentó datos oficiales que refuerzan su versión.

En medio de este embrollo, el propio Unzueta decidió poner su cargo a disposición, asegurando que él es la “astilla en el zapato” que incomoda al poder central.

Todo comenzó el lunes, cuando el gobernador del Beni apareció ante los medios para denunciar que su administración estaba atravesando una grave crisis financiera.

Según explicó, las transferencias del Tesoro General de la Nación se habían reducido drásticamente en los últimos meses, lo que había puesto a la entidad departamental al borde del colapso.

Junto a su equipo económico, señaló que los recursos no llegaban de forma oportuna y que muchas áreas prioritarias, especialmente salud, se encontraban en riesgo.

El Ministerio de Economía reaccionó de inmediato. Mediante un comunicado, informó que hasta mayo de 2025 la Gobernación del Beni había recibido Bs 93 millones, cifra que representa un incremento del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Este dato, respaldado por el Sistema de Gestión Pública, deja en entredicho las acusaciones del gobernador, quien sostiene que existe un recorte de Bs 25,8 millones.

 “Las transferencias programadas en el Presupuesto General del Estado son indicativas. Los desembolsos reales se efectúan de acuerdo con la recaudación efectiva y se transfieren automáticamente a las cuentas fiscales de cada gobernación, sin interferencias discrecionales”. Bajo esta lógica, el Estado reafirmó que no ha incumplido con ningún compromiso y que los fondos han sido entregados conforme a lo programado.

Unzueta reafirmó su postura señalando que, del presupuesto operativo anual de Bs 228,2 millones, solo se habían transferido Bs 69 millones a mayo, es decir, un 27% menos de lo programado. No obstante, expertos en finanzas públicas explican que esta brecha responde a la programación dinámica del gasto público, no a una decisión política de recorte. Además, en su análisis, el Ministerio destaca que la Gobernación ha demostrado una limitada capacidad de captación de recursos: apenas Bs 491.410 fueron gestionados como financiamiento externo para 2025.

Este dato muestra una de las principales debilidades estructurales del Gobierno Autónomo Departamental del Beni: su alta dependencia de las transferencias del Estado central. A diferencia de otras gobernaciones que han diversificado sus fuentes de ingreso mediante alianzas, cooperación internacional y proyectos de inversión, Beni sigue girando exclusivamente alrededor de los fondos que llegan desde el nivel central.

A ello se suma otro elemento que refuerza las observaciones técnicas del Ministerio de Economía: la distribución del presupuesto. Según datos oficiales, el 33% del POA 2025 del Beni se destina a sueldos y salarios, una proporción que supera en 9 puntos el promedio nacional.

Pese a las críticas, el Gobierno central reafirmó su compromiso con el desarrollo del Beni. En el área de salud, por ejemplo, se han destinado más de Bs 1.300 millones a nivel nacional para garantizar la continuidad del Sistema Único de Salud (SUS), incluso en un contexto de bloqueo político y conflictividad social. En el caso del Beni, el Hospital Materno Infantil Boliviano-Japonés recibió Bs 4,4 millones hasta la fecha, lo que implica un aumento del 89,5% en relación al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, los hospitales del departamento cuentan con un presupuesto total de Bs 26,3 millones para 2025, de los cuales Bs 14,2 millones fueron asignados por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la ejecución de estos recursos por parte de la Gobernación apenas alcanza el 50,5%, lo que refleja problemas en la capacidad administrativa más que en la disponibilidad de fondos.

Unzueta, justificó la situación y explicó que gracias a un crédito de Bs 28 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional pudieron cubrir sueldos y gastos urgentes.

El gobernador defendió la acción social de la Fundación Unzueta, destacando la labor de sus brigadas médicas que distribuyen medicamentos y atención en comunidades alejadas. Según afirmó, el 80% de los insumos provienen de su fundación y el resto de la organización Corazones Solidarios. Si bien estas acciones tienen un impacto positivo en sectores vulnerables, no reemplazan la obligación gubernamental de garantizar políticas públicas universales y transparentes.

Frente a este escenario, el gesto de Unzueta de poner su cargo a disposición ha sido interpretado por varios analistas como un movimiento de alto contenido simbólico, pero de escasa efectividad práctica. “No voy a ser el obstáculo que impida que el Beni reciba lo que merece. Si soy la astilla que incomoda, pongo a disposición mi cargo”, expresó ante los medios.