La combinación de precipitaciones intensas, ríos desbordados y daños acumulados obligó a las autoridades cruceñas a declarar desastre departamental ante la imposibilidad de responder con recursos propios suficientes.

Santa Cruz enfrenta una emergencia climática que avanza sin pausa y deja a su paso comunidades anegadas, caminos cortados y una creciente sensación de incertidumbre entre la población. Frente a este escenario, la Gobernación determinó declarar desastre departamental mediante el Decreto Departamental N° 512, reconociendo que la magnitud del impacto supera la capacidad de atención del nivel departamental.

Las lluvias continuas, registradas durante varias semanas, provocaron el aumento sostenido del caudal de los principales ríos y el desborde en zonas bajas y productivas. Municipios como El Torno, Porongo, Warnes y Montero figuran entre los más golpeados. En El Torno y Porongo, la situación fue tan crítica que ya se activaron declaratorias de desastre municipal, ante la afectación directa a viviendas, cultivos y vías de comunicación.

El asambleísta departamental Zvonko Matkovic Ribera explicó que la decisión no fue improvisada. Según señaló, se sustentó en informes técnicos que evidencian que la emergencia “ha sobrepasado la capacidad técnica, operativa y financiera del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz”, lo que obliga a buscar apoyo externo para atender la crisis.

Los reportes oficiales califican el evento como un desastre hidrometeorológico en desarrollo, marcado por una variabilidad climática extrema. Las precipitaciones intensas generaron crecidas permanentes y cambios preocupantes en los cauces de varios ríos, con especial énfasis en el río Grande, considerado el más afectado por la magnitud de sus desbordes y la extensión del daño causado.

En total, se identificaron 198 puntos críticos activos en las cuencas de los ríos Grande, Piraí, Yapacaní, Ichilo y Parapetí. Estos sectores representan zonas de alto riesgo para poblaciones asentadas en áreas vulnerables, así como para infraestructura vial, sistemas de riego y zonas agrícolas que sostienen la economía regional.

Las cifras reflejan la dimensión humana de la emergencia. Más de 356 mil hectáreas se encuentran en áreas susceptibles de inundación, mientras que cerca de 255 mil personas enfrentan riesgo directo. A esto se suma una población superior a los 2,2 millones de habitantes en riesgo indirecto, debido a posibles interrupciones en el abastecimiento, pérdidas productivas y daños a servicios básicos.

El alcance del fenómeno no se limita a Santa Cruz. Las autoridades departamentales advirtieron que la situación podría tener efectos interdepartamentales, con especial preocupación por el Beni, donde las crecidas podrían agravar el escenario de inundaciones durante la presente temporada de lluvias.

El Decreto Departamental N° 512 también recuerda que, el 5 de noviembre de 2025, la Gobernación había declarado emergencia departamental mediante el Decreto N° 510. No obstante, la persistencia de las lluvias y la acumulación de daños obligaron a elevar la declaratoria a nivel de desastre, reconociendo un riesgo inminente para la vida, la salud, la biodiversidad y la seguridad alimentaria y económica.

A la crisis climática se suma una limitación clave: la falta de recursos económicos. La Secretaría Departamental de Hacienda informó que la Gobernación no cuenta con fondos suficientes para atender nuevas emergencias con presupuesto propio, razón por la cual se recomendó formalmente la declaratoria de desastre.