El señalamiento al déficit fiscal del 9% reaviva el debate económico, mientras el Gobierno defiende un presupuesto “realista” y la oposición advierte estancamiento y riesgos para financiamiento internacional.

La presentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 no logró cerrar filas en el escenario político. Por el contrario, abrió una nueva discusión sobre el rumbo económico del país, marcada por cuestionamientos al déficit fiscal y a la falta de reformas estructurales.
El empresario y dirigente político Samuel Doria Medina fue uno de los primeros en reaccionar. Calificó como insuficiente la propuesta presentada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y centró su crítica en la proyección de un déficit del 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Según expresó, ese nivel reproduce problemas ya observados en gestiones anteriores y limita cualquier intento de estabilización financiera.
En su evaluación, mantener ese margen de déficit dificulta la posibilidad de generar confianza en organismos internacionales o potenciales fuentes de financiamiento. “Nadie va a aportar recursos si el país no corrige el rumbo fiscal”, sostuvo en sus redes sociales, insistiendo en que el problema no es solo la cifra, sino la falta de señales de ajuste más profundas.
Doria Medina también cuestionó el proceso de elaboración del presupuesto. Recordó que la propuesta se presentó tras varios meses de espera y consideró que el resultado no responde a la magnitud de la crisis económica. A su juicio, el documento refleja continuidad antes que cambio.
Desde el Ejecutivo, Espinoza defendió la consistencia del PGE reformulado. Explicó que el presupuesto alcanza un monto global cercano a los 390.000 millones de bolivianos y que se construyó sobre parámetros más conservadores, tras revisar el documento heredado. Según detalló, en el análisis se detectaron ingresos sobreestimados y gastos diferidos que distorsionaban las cifras reales.
El ministro sostuvo que el déficit proyectado del 9% implica una reducción frente a niveles previos que, según su evaluación, superaban el 10% e incluso podían acercarse al 15%. Para alcanzar ese ajuste, el Gobierno planteó recortes en el gasto público y una reducción de la inversión que no contaba con condiciones de ejecución.