Tres policías y un comunario perdieron la vida en una jornada de extrema violencia que agrava la crisis política y social en Bolivia
La violencia alcanzó niveles alarmantes este miércoles en Bolivia, con el saldo fatal de cuatro personas fallecidas durante operativos de desbloqueo en dos zonas en conflicto: Llallagua, en el norte de Potosí, y la región andina de Cochabamba, donde los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos radicalizados dejaron a la vista la gravedad del momento que atraviesa el país.
El drama comenzó en Llallagua, donde fuerzas policiales ingresaron a la zona urbana para liberar las rutas tomadas desde hace más de una semana por sectores afines a Evo Morales. Lo que debía ser un operativo para restablecer el orden, derivó en una violenta emboscada armada que acabó con la vida de tres uniformados.
El subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez fue el primero en caer, víctima de un disparo durante los primeros intercambios. Horas después, se confirmó el deceso del subteniente Carlos Enrique Apata Tola, alcanzado también por proyectiles durante el enfrentamiento. Por la noche, la Policía informó sobre la tercera víctima: el sargento Jesús Alberto Mamani Morales, miembro de Bomberos, quien falleció tras un segundo ataque.
Las imágenes difundidas desde Llallagua mostraron un panorama desolador: un bus policial reducido a cenizas, uniformados evacuados con heridas de consideración, y pobladores resguardándose de los disparos. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, calificó los hechos como una emboscada premeditada. “Utilizaron armas de fuego, explosivos y tácticas de francotirador. Nuestros efectivos apenas pudieron reaccionar”, denunció.
La reacción del Gobierno no se hizo esperar. El presidente Luis Arce condenó enérgicamente los hechos y prometió actuar con determinación. “No podemos permitir que intereses políticos sigan sembrando muerte en el país. Se investigará hasta encontrar a los responsables”, afirmó.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que además de los fallecidos, más de 60 personas resultaron heridas, entre civiles y efectivos, muchos de ellos con lesiones graves. Denunció que los grupos movilizados atacaron a la Policía con extrema violencia, les arrebataron equipos y negaron auxilio médico a los heridos. “Esto sobrepasa cualquier límite de protesta. Es una acción criminal”, sostuvo.
En paralelo, la tensión escalaba en Cochabamba, particularmente en el kilómetro 101 de la carretera hacia Oruro, a la altura de la comunidad de Tacopaya. Allí, durante un nuevo operativo combinado de las Fuerzas Armadas y la Policía, se produjo otro enfrentamiento que dejó una cuarta víctima mortal: Cornelio Franco, comunario de la zona, quien recibió un disparo en medio del caos.
Vecinos de Tacopaya acusaron a las fuerzas del orden de haber actuado con violencia desmedida. Según testimonios, los efectivos ingresaron al punto de bloqueo sin previo aviso y fueron enfrentados por los pobladores, lo que derivó en una confrontación que se prolongó por varias horas. Además del fallecido, se registraron múltiples heridos y varios arrestos.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, justificó la intervención señalando que fue “legal y necesaria para garantizar el libre tránsito”, aunque admitió que “algunos grupos están decididos a provocar confrontaciones violentas”. Llamó a las organizaciones movilizadas a reflexionar y retomar el diálogo.
En Pirque, otro sector de la carretera interdepartamental, la violencia también se manifestó. Dos efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) fueron heridos por explosivos caseros lanzados desde las laderas por individuos parapetados. Uno de los policías resultó con quemaduras graves y fracturas, y fue trasladado de urgencia.
Mientras tanto, en el valle bajo cochabambino, vecinos y transportistas se sumaron a las labores de desbloqueo organizadas por la Policía, lo que derivó en choques directos con militantes del evismo. En Vinto, los enfrentamientos duraron más de tres horas y se reportaron heridos en ambos bandos.
En este tenso contexto, Evo Morales reapareció públicamente para deslindar responsabilidades, alegando que las movilizaciones son “espontáneas y voluntarias”. Sin embargo, acusó al Gobierno de “militarizar las carreteras y criminalizar la protesta social”.
